La reciente declaración de ley marcial en Corea del Sur por parte del presidente Yoon Suk Yeol ha generado un fuerte rechazo tanto de la oposición como de miembros de su propio partido. La medida, considerada extrema, evoca recuerdos de la era autoritaria de los años 80, y ha sido calificada como inconstitucional por diversas figuras políticas.
La oposición acusa a Yoon de actuar sin fundamentos válidos, mientras el líder oficialista, Han Dong Hoon, también se opone, prometiendo defender la democracia junto con la ciudadanía.
El anuncio incluye restricciones drásticas como la suspensión de actividades parlamentarias, la prohibición de manifestaciones y huelgas, y el control de los medios de comunicación. Según el jefe del Ejército, Park An Soo, estas acciones buscan evitar la “confusión social”. Los médicos en huelga tienen un plazo de 48 horas para retomar sus labores, mientras que las violaciones a la ley marcial podrán resultar en arrestos sin orden judicial.
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La Asamblea Nacional se ha convertido en el epicentro de la tensión. Tropas y barricadas rodean el edificio, mientras miles de ciudadanos se congregan en protesta. Líderes opositores han instado al pueblo a movilizarse para frenar lo que consideran un golpe a la soberanía civil. Este llamado ha resultado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que han bloqueado el acceso al Parlamento y detenido a manifestantes.
El gobierno defiende la medida como necesaria para mantener el orden, pero la percepción general es de alarma por el retroceso democrático que implica. La situación también afecta a los medios, que ahora están bajo estricta vigilancia y enfrentan limitaciones para informar de manera independiente. La censura y la represión a la libre expresión han intensificado la preocupación dentro y fuera del país.
Corea del Sur enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Las críticas cruzadas entre las fuerzas políticas, sumadas a las escenas de militares controlando espacios clave, han generado un clima de incertidumbre que podría desencadenar una crisis aún mayor si no se toman medidas para restaurar el equilibrio democrático.
