La Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA) anunció la reglamentación del régimen de transparencia fiscal, una medida que busca ofrecer mayor claridad en la composición de los precios para los consumidores finales.
Este nuevo esquema obliga a las empresas a discriminar el IVA y otros impuestos nacionales en las facturas que emiten, y se implementará de forma escalonada: ¿Qué hay que tener en cuenta?
Entrada en vigencia y etapas de implementación
El régimen comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2025. En una primera etapa, la obligatoriedad recaerá exclusivamente sobre las grandes empresas.
Estas deberán incluir en sus comprobantes el detalle del monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de otros impuestos internos que incidan en el precio final que pagan los consumidores.
La implementación escalonada busca garantizar que los contribuyentes tengan el tiempo necesario para adecuar sus sistemas de facturación. Según lo establecido por la Resolución General 5614/2024, el resto de los responsables inscriptos en IVA podrán adherirse al régimen de manera opcional hasta el 31 de marzo de 2025.
A partir del 1° de abril, el cumplimiento será obligatorio para todos los contribuyentes. Este esquema gradual permitirá una adaptación progresiva a las nuevas disposiciones y reducirá posibles dificultades técnicas y administrativas.
Detalles de la normativa
La reglamentación forma parte del Título VII “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor” de la Ley Nº 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. En esta, se establece que “el impuesto al valor agregado y los demás impuestos nacionales indirectos que tienen incidencia en la formación de los precios de las ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios deberán encontrarse discriminados en los comprobantes de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución General Nº 1.415, sus modificatorias y complementarias”.
Este requisito no solo aplica al IVA, sino también a otros impuestos internos que impactan en el precio final. En el caso de las grandes empresas, la obligación de detallar todos los impuestos busca proporcionar mayor transparencia sobre la composición del costo de los productos y servicios.
En los comprobantes se deberá agregar una línea específica que detalle el IVA y, en caso de corresponder, los impuestos internos.
Esta medida pretende, además, unificar criterios en la emisión de facturas, facilitando tanto la fiscalización por parte del Estado como el acceso a información clara para los consumidores. La obligación de discriminar los tributos representa un avance hacia una mayor comprensión del impacto fiscal en los precios finales.
Objetivo del régimen
El régimen de transparencia fiscal tiene como principal objetivo mejorar la información disponible para los consumidores, permitiéndoles comprender de manera más detallada cómo los impuestos afectan los precios finales. Esta iniciativa también busca fomentar la equidad fiscal, al exigir que todos los contribuyentes presenten de forma uniforme los tributos en sus facturas emitidas.
Al proporcionar esta información de manera clara, se busca empoderar a los consumidores finales, promoviendo un mercado más justo y competitivo. Además, la medida es parte de un esfuerzo más amplio para optimizar la recaudación fiscal y fortalecer los mecanismos de control tributario.
Próximos pasos
Con la entrada en vigencia de esta medida, ARCA ha instado a las grandes empresas a comenzar a adecuar sus sistemas de facturación antes del 1° de enero. Estas empresas, por su tamaño y capacidad operativa, jugarán un rol clave en la primera etapa del régimen.
Por su parte, los contribuyentes de menor tamaño contarán con un plazo adicional para adaptarse. Hasta el 31 de marzo de 2025, podrán optar por adherirse al régimen de manera voluntaria, lo que les permitirá familiarizarse con los nuevos requisitos.
A partir del 1° de abril, la medida será de cumplimiento obligatorio para todo el universo de responsables inscriptos.
La implementación escalonada refleja una estrategia para minimizar inconvenientes, permitiendo que cada segmento de contribuyentes disponga del tiempo necesario para ajustar sus procesos. Esto también contribuirá a evitar errores en la facturación.
Sectores importantes involucrados en la cuestión como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ha respaldado la decisión del oficialismo. El titular de la CAC, Natalio Mario Grinman, señalo que “la muy elevada presión tributaria que registra la economía nacional es una rémora para el crecimiento de las empresas, la generación de empleo y el progreso económico y social.; que además los argentinos han padecido «la voracidad fiscal de numerosos gobiernos que han contado con un aliado clave: la opacidad de la carga» y que muchos impuestos «no son claramente percibidos por la ciudadanía».
En este contexto, afirmó que «un impuesto tan relevante como el IVA, que a menudo tiene un impacto muchísimo mayor que aquel en la economía familiar, muchas veces ‘pasa por debajo del radar’ de los consumidores finales. Este tributo no lo detectan y frecuentemente cargan las tintas contra los comerciantes por precios que consideran excesivamente elevados, cuando en realidad, en buena medida, el comercio, más que de vendedor de un producto, oficia de una suerte de delegación de las agencias recaudatorias de los distintos niveles del Estado”.
Detallando que “clarificar una situación es un avance para luego corregirla; evidenciar la excesiva carga tributaria es el primer paso para una futura reducción».
