El camino hacia la regularización en Estados Unidos puede ser especialmente complicado para los migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular. Una de las normas más estrictas establece que cualquier persona con más de un año de presencia ilegal en el país enfrenta una prohibición de reingreso de 10 años si abandona el territorio. Este «castigo de 10 años» marcó el destino de muchos inmigrantes, generando un impacto profundo en sus posibilidades de establecerse legalmente en el país.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) define la presencia ilegal como el periodo durante el cual un no ciudadano permanece en el país sin haber sido admitido legalmente o tras vencer el tiempo autorizado por su visa o el Formulario I-94.
Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), este periodo comienza desde el ingreso no autorizado al país o al superar la fecha límite de estadía. Dependiendo del tiempo de permanencia irregular, se aplican diferentes sanciones: una prohibición de tres años si la estancia ilegal supera los 180 días pero no llega al año, y de 10 años si supera los 12 meses.
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Para quienes enfrentan la sanción de 10 años, existe la posibilidad de solicitar un perdón. Según la abogada de inmigración Elizabeth Uribe, este trámite permite a algunas personas pedir al Departamento de Seguridad Interna una excepción para regularizar su estatus sin tener que cumplir con el periodo de exclusión. Sin embargo, no todos califican para esta alternativa. Solo aquellos casados con ciudadanos o residentes estadounidenses, o que tienen padres con ese estatus, pueden acceder al beneficio. Esto deja fuera a numerosos migrantes, incluidos quienes tienen hijos ciudadanos mayores de edad, ya que el vínculo filial no es suficiente para evitar el castigo.
En los casos más graves, el castigo puede ser permanente. Esto ocurre cuando una persona intenta regresar a Estados Unidos después de haber acumulado más de un año de presencia ilegal, ya sea de forma continua o en varios periodos. Esta disposición elimina cualquier posibilidad de reingreso legal, salvo en circunstancias excepcionales. Uribe subraya que este endurecimiento de las normas migratorias es una de las principales razones por las que muchas familias permanecen separadas, incluso cuando algunos miembros ya han obtenido la ciudadanía.
A pesar de la rigidez de estas disposiciones, existen excepciones que excluyen a ciertos grupos de acumular presencia ilegal. Menores de 18 años, solicitantes de asilo, víctimas de violencia doméstica y de trata de personas, así como participantes en programas de reunificación familiar, están protegidos por normativas específicas que les permiten permanecer en el país sin consecuencias legales inmediatas. Estas excepciones buscan equilibrar las políticas migratorias con las necesidades humanitarias y de protección de los derechos humanos.
La normativa migratoria en Estados Unidos refleja un balance complejo entre la seguridad fronteriza y la integración de los migrantes. Sin embargo, las estrictas sanciones, como el castigo de 10 años, destacan la necesidad de políticas que permitan soluciones más inclusivas y humanas para las familias afectadas. Mientras tanto, millones de migrantes enfrentan un futuro incierto, atrapados entre el deseo de regularizarse y las barreras legales que les impiden avanzar.
