Por Lic. Alexis Chaves
Europa enfrenta una severa crisis habitacional. Los eurodiputados coinciden en que se necesita una solución urgente y ya buscan facilitarles el acceso a la salud, la educación y a un hogar digno a las persona sin techo.
En el inicio de 2025, no podemos dejar de describir algunas de las urgencias pendientes para la Unión Europea, y en particular una de ellas, la cual se sigue debatiendo: es pretensión de los eurodiputados exigir a los Estados miembro trabajar fuertemente para terminar con la situación de las personas sin hogar, fijando el horizonte en 2030.
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Ya se pudo avanzar y establecer ciertas estrategias y disposiciones para que los países fueran paulatinamente descriminalizando a las personas sin hogar y destinaran fondos especiales para tratar el problema.
La vivienda es un derecho fundamental, pero este precepto choca drásticamente con la realidad, porque un gran número de personas efectivamente duermen en las calles de Europa, y el escenario se volvió mucho peor con el Covid, sumado a la crisis económica que destruyó puestos de trabajo.
Hoy las personas sin hogar, además de perder su dignidad por la falta de este derecho fundamental, suelen ser objeto de delitos de violencia y odio, que llevan inevitablemente a una estigmatización social. Pero, lo más grave que han destacado los parlamentarios europeos es que son cada vez más los niños, los inmigrantes y centenares de familias enteras quienes duermen y merodean por las calles.
Por supuesto, las soluciones no son mágicas. Pero sí se pudieron poner de acuerdo en legislar para promover y proveer cierta igualdad en el acceso a los servicios públicos: atención médica, educación y servicios sociales (con los elevados costos que esto claramente implica para los gobiernos).
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Además, convinieron que es central seguir trabajando en 2025 para incluir a estas personas en el mercado laboral, a través de programas de formación con planes personalizados.
Otra de las soluciones urgentes fue empezar a dar mayor acceso a los llamados “refugios de emergencia”, pero como última opción y transitoriamente, ya que funciona en algunos países el modelo «vivienda primero», que traslada -en ciertas circunstancias- a las personas a un hogar permanente, lo más rápido posible, antes de abordar otras problemáticas. Es en este punto donde queda en evidencia otra preocupación más de los eurodiputados: la falta de viviendas accesibles. Se torna económicamente dificultoso poder llegar a ellas en Europa, ya que el metro cuadrado viene sufriendo un sostenido aumento mes a mes.
Esta situación intranquiliza a los propietarios y también a los inquilinos de bajos recursos. Las estadísticas muestran que gastaron más del 40% de sus ingresos en una solución habitacional. Y es que la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos se tornó asfixiante en las clases medias y medias bajas. (En menos de diez años, los precios de las viviendas en la Unión Europea subieron en promedio casi un 50%).
Todo esto se lo atribuyen, en mayor o menor medida, al incremento sostenido de los costos de la construcción; a que las entidades financieras no paran de subir las tasas de los préstamos hipotecarios; y a que aumenta la oferta de compra de propiedades como refugio del capital y la inversión para obtener ingresos adicionales.
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Entonces, reconocer que una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental es clave. Y esto se puede hacer cumplir mediante la legislación, ya es tema prioritario de la agenda del Parlamento Europeo, donde los diputados afirman que todos los ciudadanos tienen que tener el mismo acceso a una propiedad digna, bajo condiciones saludables, con agua potable, con desagües pluviales adecuados y con electricidad o energía alternativa garantizada.
Es evidente que la situación de calle de las personas y la falta de acceso a una vivienda no hacen más que generar una angustia social que no puede esperar. No debería haber personas sin hogar y no deberíamos tener una comunidad en la que los jóvenes no puedan comprar su propia casa. Por eso, las políticas de Estado deben propiciar fuertes inversiones en viviendas sociales accesibles. Este será, sin dudas, un desafío del cual los funcionarios europeos no pueden dejar de ocuparse en 2025.
(*) Politólogo y analista parlamentario
