El Gobierno Nacional confirmó oficialmente la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 20 de enero y el 21 de febrero de 2025. Este período especial, establecido mediante decreto, permitirá tratar una agenda legislativa que incluye siete proyectos de ley, algunos ya avanzados en comisiones y otros aún pendientes de envío al Congreso.
El llamado llega en un contexto marcado por tensiones políticas y dificultades para alcanzar consensos. La nueva convocatoria desplaza la expectativa inicial de sesiones extraordinarias que habían sido anunciadas para diciembre de 2024.
Un anuncio fallido y su impacto en la agenda legislativa
Semanas atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado que las sesiones extraordinarias se realizarían entre el 5 y el 27 de diciembre, con un temario centrado en la reforma electoral, la ley antimafia, el juicio en ausencia y los viajes presidenciales. Sin embargo, estas iniciativas no lograron el respaldo necesario.
«No están los acuerdos que nos indiquen un temario para tratar en sesiones extraordinarias», afirmaban desde el Ejecutivo, destacando la compleja situación parlamentaria del oficialismo, que opera en minoría y depende de negociaciones previas para avanzar con su agenda. Desde la Casa Rosada justificaron la decisión, argumentando que sin consenso suficiente, convocar al Congreso en diciembre habría sido improductivo.
El temario actual: prioridades y desafíos
La nueva convocatoria establece un plazo de 25 días hábiles para el debate de siete proyectos clave. Entre ellos, la Ley Antimafia, que busca combatir el crimen organizado de manera integral. Este proyecto cuenta con dictamen desde noviembre de 2024, tras pasar por las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado.
Otro eje es la reforma del Código Procesal Penal, que incluye la posibilidad de juicios en ausencia del imputado. Esta propuesta también se encuentra lista para ser tratada en Diputados, al igual que la reforma del régimen de reiterancia y unificación de condenas.
En año de elecciones legislativas, el oficialismo busca avanzar a fondo con la Reforma Electoral, la discrepancia allí esta dada por la eliminación de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias. La pregunta es si se suspenden momentáneamente (para las legislativas del 2025) o si se eliminan definitivamente y no se aplican tampoco para el 2027.
El fracaso del intento previo por convocar a extraordinarias en diciembre evidencia las dificultades para negociar este tipo de reformas en un Congreso fragmentado.
Tensiones por el presupuesto 2025
Uno de los principales puntos de discordia entre el oficialismo y la oposición es el Presupuesto 2025, esta tensión finalmente llevó al Gobierno a prorrogar el presupuesto de 2023. Esta medida refleja tanto la falta de acuerdos con la oposición como las tensiones con las provincias, que reclaman mayores partidas en un contexto económico complejo.
El presupuesto diseñado por el equipo de Javier Milei prioriza una regla fiscal estricta, basada en equilibrar ingresos y gastos. Sin embargo, las provincias exigen mayor flexibilidad para enfrentar sus propias dificultades financieras. Ante este escenario, la administración nacional optó por la prórroga como una herramienta para evitar un nuevo conflicto legislativo, aunque esto podría generar tensiones adicionales en los debates venideros.
Proyectos clave en pausa y otros pendientes
Además del presupuesto, otros proyectos importantes quedaron fuera del debate, como la privatización de Aerolíneas Argentinas, un tema que venia creciendo en especulación como resultado del conflicto entre el Ejecutivo y la aerolínea de bandera.
La nueva Ley de Ficha Limpia, reversionada por Milei, tomaría elementos del proyecto caido presentado por el PRO; La Libertad Avanza y su principal aliado legislativo trabajaron juntos en su elaboración. El temario incluye, como un tema prioritario, el tratamiento de pliegos para las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como candidatos a la Corte Suprema. Los proyectos sobre juicio en ausencia y la Ley Antimafia, también forman parte de la lista.
El período de sesiones extraordinarias, con sus 25 días hábiles, impone plazos estrictos: para todos los temas, no habrá tiempo de ser debatidos más de una vez o corren riesgo de quedar fuera del plazo.
Un clima político tenso
La convocatoria a sesiones extraordinarias pone en evidencia tanto las ambiciones del oficialismo como sus limitaciones para concretar acuerdos en un Congreso dividido. La exclusión de temas sensibles como el presupuesto y la postergación de iniciativas clave resaltan la dificultad del Gobierno para imponer su agenda legislativa.
A pesar del avance en algunos proyectos, el escenario político sigue siendo incierto. Los resultados de estas sesiones extraordinarias serán un reflejo del grado de gobernabilidad del oficialismo en un contexto de alta tensión política de cara a las legislativas de este año.
