Un grupo de expertos de la ONU identificó a Daniel Ortega, Rosario Murillo y a 52 funcionarios nicaragüenses como responsables de graves violaciones a los derechos humanos. El informe, publicado en Ginebra y Panamá, señala la existencia de una represión sistemática, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Los expertos advierten que el régimen convirtió cada institución del Estado en un arma de persecución contra la sociedad civil.
Ortega, de 79 años, y Murillo, de 73, han consolidado una “dictadura familiar” desde su llegada al poder en 2007. Su control se intensificó tras las protestas de 2018, cuando la represión dejó más de 300 muertos, según la ONU. La nueva reforma constitucional los designó como “copresidentes” y eliminó la independencia de los poderes del Estado, institucionalizando la persecución de opositores.
El informe también identifica a altos mandos del Ejército, la Policía, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y alcaldías como parte del sistema represivo. Julio César Avilés, jefe del Ejército, y Francisco Díaz, director de la Policía, figuran entre los principales responsables de la represión. La experta Ariela Peralta describió la estructura de poder como “un sistema de represión estrechamente coordinado, desde la Presidencia hasta los funcionarios locales”.
Además de la persecución política, el régimen ha expulsado y despojado de la nacionalidad a unos 450 opositores, incluidos periodistas, sacerdotes y empresarios. También cerró más de 5.700 ONGs y medios de comunicación, confiscando bienes de organizaciones críticas. Para los expertos, estas acciones no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia de Estado bien organizada.
El informe ha sido calificado como una “hoja de ruta para la justicia”, según Reed Brody, integrante del grupo de expertos. La ONU llamó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes contra el régimen de Nicaragua, incluyendo sanciones y acciones legales. Un día después de la publicación del informe, el país anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una decisión que refuerza su aislamiento internacional.