Combatir el narcotráfico y desarticular los grupos armados ilegales que se financian de la producción y el tráfico de cocaína son los principales retos de las Fuerzas Armadas de Colombia en 2021. Lo dijo el ministro de Defensa el jueves, quien confió en reducir la violencia contra líderes sociales.
El país enfrenta aún un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados debido a que organizaciones como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas criminales y estructuras de las FARC que rechazaron un acuerdo de paz firmado en 2016, continúan sus acciones ilegales y enfrentan al Estado.
«Lo que queremos es seguridad, seguridad, más seguridad», dijo en una entrevista con Reuters el nuevo Ministro de Defensa, Diego Molano. «En primer lugar, la lucha frontal contra el narcotráfico, esa es la mayor amenaza que tenemos en Colombia para la estabilidad de nuestra democracia y para la estabilidad de ciertas regiones».
Molano, un administrador de empresas con amplia trayectoria política que reemplazó a Carlos Holmes Trujillo, quien murió de COVID-19 a finales de enero, reveló que paralelamente a la lucha contra el narcotráfico se buscará desmantelar a los grupos armados ilegales y capturar a sus líderes, con un aumento de las operaciones militares y una mayor actividad de inteligencia. «Desmantelar esos grupos, capturar a sus cabecillas y lograr que disminuyan esas estructuras en las regiones es una prioridad», aseguró el funcionario en su despacho de Bogotá.
«En primer lugar, la lucha frontal contra el narcotráfico, esa es la mayor amenaza que tenemos en Colombia para la estabilidad de nuestra democracia y para la estabilidad de ciertas regiones».
Además del ELN, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Fuerzas Militares y la Policía Nacional persiguen a los líderes del Clan del Golfo, Los Caparros y Los Pelusos, bandas criminales dedicadas al narcotráfico, a la minería ilegal y a la extorsión. «Los buscaremos por aire, mar y tierra», advirtió Molano quien sostuvo que el Gobierno impedirá que los cabecillas de esos grupos armados continúen ordenando ataques desde el exterior o desde el interior del país.
El funcionario aclaró que Colombia respetará los derechos humanos y el derecho internacional, descartando intervenciones militares en otros países para lograr las capturas de los líderes de esos grupos.
Sin embargo, admitió que la cooperación internacional será necesaria para lograr las capturas de los jefes de esas organizaciones que figuran en circulares de la Interpol y por quienes Colombia y Estados Unidos ofrecen millonarias recompensas.
FUMIGACIONES DE CULTIVOS ILEGALES
El Gobierno colombiano acusa a Venezuela de mantener en su territorio a líderes de las disidencias de las FARC como Iván Márquez, así como del ELN, pese a que el presidente Nicolás Maduro lo niega.
Molano afirmó que con las capturas o muertes de los cabecillas de los grupos armados ilegales también se busca reducir las masacres y los asesinatos de líderes sociales, uno de los principales problemas que enfrenta el Gobierno del presidente Iván Duque por las críticas internacionales.
Estados Unidos dijo el jueves que está preocupado por la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Colombia y planteó el problema al Gobierno de Duque.
El ministro reiteró que el ELN, las disidencias de las FARC y las bandas criminales son responsables de las masacres y de los asesinatos de líderes sociales en medio de la lucha que mantienen por el control territorial de áreas claves para el narcotráfico.
Colombia, considerado como el primer productor mundial de cocaína, enfrenta frecuentes presiones de Estados Unidos para reducir los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína.
El ministro aseguró que para reducir el narcotráfico y golpear las finanzas de los grupos ilegales se mantendrá la erradicación manual de cocales, planes voluntarios de sustitución de cultivos y se restablecerá la fumigación aérea con el herbicida glifosato, una vez sea autorizada.
Colombia suspendió en 2015 la fumigación área, acogiendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que considera el herbicida como potencialmente cancerígeno y nocivo para la salud y el medio ambiente. El Gobierno busca cumplir varios requisitos exigidos por la Corte Constitucional para reanudar la aspersión lo más pronto posible.
Las Fuerzas Armadas erradicaron el año pasado 130.000 hectáreas de hoja de coca y confiscaron alrededor de 500 toneladas de cocaína, los mejores resultados de la historia de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
«Inmediatamente termine ese procedimiento, que esperamos sea a finales de marzo, iniciaremos con nuestra actividad (de fumigación)», concluyó Molano.
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