El presidente Alberto Fernández pretende darle celeridad al trámite de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia a través de una convocatoria a sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados para la segunda quincena de este mes.
El pedido de juicio político alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.
La convocatoria de sesiones extraordinarias saldrá «la semana que viene», adelantó la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, y la solicitud de juicio político «será parte del temario», reafirmaron a Télam otros funcionarios con despacho en Casa Rosada.
La iniciativa que impulsa este proceso de remoción abordará dos cuestiones y la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937.
El Presidente basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé que la Cámara de Diputados «ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones».
Esta semana, el jefe de Estado se reunió con Germán Martínez, presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT) y con la diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político.
Fernández les hizo entrega del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que impulsó junto a los diferentes gobernadores, y les solicitó que inicien «su pronto tratamiento legislativo».
