El organismo solicitó «tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados», informaron fuentes de la UIF:
El envío de las armas se concretó previo al golpe de Estado al Gobierno de Evo Morales.
La semana pasada, el fiscal de la causa, Claudio Navas Rial, imputó al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad y pidió al juzgado habilitar la feria judicial para avanzar con medidas de prueba.
López Biscayart debe decidir si acepta este pedido y analizar las pruebas que pidió el fiscal.
La UIF, por su parte, presentó un escrito en el que sostuvo que en la maniobra pudo haber «la falta de control por parte de empleados y empleadas de la Aduana con la participación de funcionarios y funcionarias que ostentaban, al momento de los hechos, las máximas responsabilidades institucionales en la Administración de los bienes del Estado»
Esto «daría pie para investigar también la traza del equipamiento, su destino final, y su eventual introducción en el mercado ilegal de armas»
La UIF aludió a los posibles delitos de contrabando agravado de armamento bélico, malversación de caudales públicos y un delito precedente, lavado de activos a través del contrabando.
