Tras la implementación de la Ley 27.605, que establece la creación de un “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia”, el Gobierno espera recaudar $300.000 millones.
La norma sancionada el 4 de diciembre prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2 y el 3,5% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de $200 millones. Son doce mil los contribuyentes a los que alcanza esta ley.
La norma establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones. El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones. Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%. De esta manera, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes.
Los fondos recaudados serán distribuidos: en un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20% a adquirir equipamientos de salud para enfrentar la pandemia; un 20% a apoyar a empresas Pymes; un 20% para financiar el relanzamiento de las becas Progresar, mientras que el 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares.
Empresarios, industriales, el campo y dirigentes opositores manifestaron intensas críticas a esta iniciativa gubernamental. En cambio, el diputado del Frente de Todos Carlos Heller destacó hoy el «simbolismo de política redistributiva» de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, cuya reglamentación fue publicada hace horas en el Boletín Oficial. Subrayó que «casi el 99,98% no pagará el aporte» y que por el contrario «el impulso que dará ese dinero será en beneficio de ellos».
