La Cámara de Diputados modificó y giró en segunda revisión al Senado el proyecto sobre el convenio entre la Nación y el distrito porteño para solventar el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires, al establecerse que la suma que se fijará deberá ser consensuada entre el Gobierno Nacional y la Jefatura porteña en un plazo de 60 días.
De esta manera el proyecto será girado nuevamente a la cámara alta que deberá aprobar o no los cambios introducidos por el Frente de Todos y consensuados con bloques provinciales como Córdoba Federal.
El debate se realizó tras fuertes cruces entre el oficialismo y Juntos por el Cambio que atrasaron la discusión del dictamen por más de 12 horas, ya que la principal bancada opositora considera inválida la sesión y decidió no votar ningún proyecto.
«No hay animosidad» hacia la Ciudad de Buenos Aires» aseguró el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Gonzalez, (Frente de Todos).
El texto sancionado por el Senado establecía una suma fija de 24.500 millones de pesos actualizada trimestralmente, pero ahora se estableció que ese monto deberá acordarse en el convenio que deberán firmar la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Gonzalez, (Frente de Todos) aseguró que «no hay animosidad» hacia la Ciudad de Buenos Aires y señaló que «las modificaciones cambian sustancialmente la media sanción del Senado».
Explicó que «ahora se estableció que el gasto que demande la transferencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires será acordado en forma bilateral en un plazo de 60 días» y que previamente debe haber un dictamen técnico de la Comisión Federal de Impuestos.
González también señaló que otro punto que se incluyó es que hasta que se firme el convenio se transfiera en forma automática la doceava parte de $24.500 millones a cuenta de la suma que luego se termine definiendo en esa negociación.
Desde la oposición, el radical Gustavo Menna dijo en su discurso que «la Constitución Nacional habla de federalismo de concertación. En ningún caso se puede avanzar unilateralmente. Esta ley es un acto autocrático”.
En tanto, el diputado de Consenso Federal, Jorge Sarghini, confirmó que su bancada se abstendrá porque considera que «no le corresponde al Congreso definir un tema que está en la Corte y no tiene los elementos técnicos para establecer un monto».