El Gobierno derogó ayer un decreto de la presidencia de Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que esa norma «resulta irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos», medida que fue respaldada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El Decreto 138 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros de su Gabinete deroga el Decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley 25.871 que establece el régimen de la política migratoria.
A través de un comunicado, Amnistía Internacional respaldó la determinación oficial, en virtud de que el decreto derogado «violaba los derechos humanos de los migrantes y se transformó en un hito en el retroceso de la política migratoria argentina».
«Desde el minuto uno, se generó una amplia movilización de la sociedad civil y se realizaron múltiples denuncias contra la Argentina de parte de organismos internacionales», dijo la directora de Política y Justicia internacional de AI Argentina, Mariana Fountoura Marques.
La nueva normativa restituye «la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto 70» y crea una «Comisión Asesora de Política Migratoria que propondrá medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones 25.871».
Asimismo, el CELS también apoyó la decisión al considerar que implica «un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar».
«El DNU 70/2017 significó un claro retroceso en los derechos de migrantes en los últimos cuatro años y fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y que argumentó que por eso había que expulsarlos de manera inmediata», indicó el CELS en su cuenta de Twitter.
Además, el decreto derogado «significó un giro en el rol que Argentina mantenía a nivel regional y mundial desde la Ley de Migraciones en 2004» y «formó parte de una tendencia que aumentó la discrecionalidad de los Estados para controlar, detener y expulsar migrantes», aseguraron desde el CELS.
Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que «hoy es un día de celebración» porque «la política migratoria argentina vuelve a estar a la vanguardia y a ser faro y garantía del ejercicio de los derechos humanos de los migrantes».
«El decreto derogado reformaba de manera inconstitucional la Ley de Migraciones y fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos en Argentina, organismos internacionales y en causas individuales y procesos judiciales colectivos», escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.
En tanto, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, tuiteó que la medida «es incomprensible» porque «en lugar de pensar en la gente, derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes» y agregó que «el que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina».
En el mismo sentido se pronunció la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, al señalar en un tuit que «el Presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos» y que el Gobierno pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país, algo que nosotros impedimos con un decreto y ellos lo derogaron».
El decreto derogado hoy «modificó aspectos sustanciales» de esa ley, según figura en los considerandos de la norma, y como resultado se observan violaciones a los derechos humanos, como el debido proceso, asistencia y defensa legal y la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del migrante sin definir las causas que la habilitan, entre otros.
