La Corte Suprema de Justicia tratará hoy, en el marco de un «acuerdo extraordinario», el pedido de ‘per saltum’ presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado.
En rigor, se trata de una iniciativa del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en la convicción de que «los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por ésta y otras razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento».
«La Corte tiene la responsabilidad, en casos como éste, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados», dijo en los últimos días el presidente del máximo tribunal desde 2018.
En paralelo a los recursos presentados ante la Corte, corren los planteos formulados por los tres jueces ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, que fueron rechazados en primera instancia y aguardan la decisión de Cámara.
En ese trámite, Bruglia y Bertuzzi recibieron ayer un revés ante el pronunciamiento del fiscal general del fuero, Rodrigo Cuesta, quien, tras analizar los argumentos de los magistrados y los hechos, dictaminó que no correspondía otorgar el pedido de amparo, en línea con lo definido en primera instancia por la jueza María Alejandra Biotti.
Paralelamente a los recursos presentados ante la Corte, corren los planteos formulados por los tres jueces ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
La Corte tratará hoy, entonces, el pedido de «per saltum» de los jueces para que entienda exclusivamente la instancia más alta de la justicia, aún cuando ese pedido podría quedar abstracto si la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal define y deja a la Corte como instancia final.
En julio de este año, el Consejo de la Magistratura giró al Senado la revisión de los traslados de los jueces para que completara el trámite constitucional de nombramiento de jueces federales con su acuerdo.
Los tres magistrados fueron convocados por la Cámara alta pero no se presentaron y denunciaron pública y judicialmente la medida porque, sostuvieron, atentaba contra las «garantías» que debe gozar un juez para cumplir su tarea.
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