Francisco Quintana es uno de los referentes del PRO y también una de las voces autorizadas para hablar del traslado de los tres jueces federales que la Corte Suprema ahora debe tratar y sobre el futuro de la reforma judicial, que el oficialismo intentará aprobar en las próximas semanas en la Cámara de Diputados. En una entrevista con Newsweek Argentina, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad consideró que el “per saltum” que aceptó el máximo tribunal sobre los jueces desplazados “es una buena noticia” y sostuvo que “el oficialismo no se siente cómodo con el equilibrio de poderes”.
¿Qué opina del reciente fallo de la Corte Suprema de aceptar el “per saltum” que pidieron los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli?
Me parece una buena noticia para el resguardo de las instituciones. Creo que la Corte ve que podría haber una irregularidad institucional y, por eso, decide aceptar el “per saltum”. Son importantes algunos de los argumentos, que hablan de un daño a la República. Esto es lo que venimos denunciando desde julio, cuando el Consejo de la Magistratura de la Nación empezó a tratar el tema. Lamentablemente, la Casa Rosada siguió imponiendo su agenda, sin reparar en el daño que se le puede provocar a la independencia del Poder Judicial.
En quince o veinte días, el máximo tribunal debe fallar sobre la cuestión de fondo, ¿cree que les dará la razón a los jueces y los mantendrá en sus cargos?
Hay que esperar a que la Corte se expida sobre el tema de fondo, con total independencia y sin presiones por parte del poder político. Las declaraciones de los últimos días del Jefe de Gabinete e incluso del Presidente son un intento de condicionar a la Justicia. Este es un mensaje lamentable para la ciudadanía y para la institucionalidad.
¿Lo considera un revés para el Gobierno?
Probablemente la relación con la Corte vaya a tensarse más. Eso es un retroceso en materia de independencia del Poder Judicial porque a la Corte hay que dejarla tranquila y no amenazarla permanentemente con modificar su composición. Las declaraciones del Gobierno son una mala señal. Creo que el oficialismo no se siente cómodo con el equilibrio de poderes. Además, si consideramos que el Gobierno tiene un interés por ocupar esas vacantes porque atienden causas sensibles, entonces sí, es evidente que representa un retroceso en su estrategia judicial.
«Se debe discutir el funcionamiento de la Justicia porque es evidente que la sociedad no está conforme, pero no en este contexto ni de esta forma», opinó Francisco Quintana.
Creo que detrás de esta avanzada hay un intento del Gobierno por tener un mayor control sobre el Poder Judicial y lograr impunidad para funcionarios y ex funcionarios.
Si la Corte termina fallando a favor de los magistrados, ¿cree que el gobierno puede usar ese fallo para nombrar jueces en decenas de juzgados sin acuerdo del Senado?
Es una posibilidad. Lo que hay que tener en claro es si se actuó conforme a derecho. A mí no me deja de llamar la atención que estamos discutiendo sobre 10 traslados supuestamente mal realizados, y el Senado se centró en solo tres jueces. Casualmente, los magistrados que manejan las causas donde está implicada la actual vicepresidenta. Sin embargo, creo que los traslados son una herramienta bastante limitada por los mismos requisitos que puso el Consejo en el año 2000 y 2019, y la Corte, en 2018. No es lo mismo trasladar jueces que ponerlos a dedo.
¿Qué busca el oficialismo con esta avanzada judicial?
Creo que detrás de esta avanzada hay un intento del Gobierno por tener un mayor control sobre el Poder Judicial y lograr impunidad para funcionarios y ex funcionarios.
¿Va más allá de estos tres jueces?
No solo avanzan contra Bruglia, Bertuzzi y Castelli, además, en paralelo, se avanza contra el procurador Casal, y la comisión Beraldi discute el funcionamiento de, entre otras cosas, la Corte Suprema. El kirchnerismo siempre tuvo vocación de querer avanzar sobre la Justicia, llegando incluso al insólito proyecto de “democratización”, en 2013, durante el gobierno de Cristina. También en esta corta gestión hay ejemplos preocupantes, como el intento de intervención de la Justicia de Jujuy y la disolución del Consejo de la Magistratura de Catamarca.
¿Cree que la reforma judicial se terminará aprobando?
Confío en que los diputados van a ir en el sentido en que se expresó la mayoría de la ciudadanía, en contra de la Reforma y a favor de las instituciones. Hay que estar atentos a ver qué hace el grupo de diputados que, si bien no pertenece al oficialismo, suele darles los votos y el quórum. Juntos por el Cambio está muy firme en su postura contraria al proyecto.
Si se aprueba, ¿podrá aplicarse?
Se debe discutir el funcionamiento de la Justicia porque es evidente que la sociedad no está conforme, pero no en este contexto ni de esta forma. Este proyecto generaría aproximadamente 1700 nuevos cargos y un gasto de poco más de $10 mil millones anuales, y afectaría solo una parte del sistema que nada tiene que ver con la cotidianidad de los argentinos. Todos nos merecemos una reforma integral seria y a largo plazo.
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