Una jueza chaqueña hizo lugar a una medida cautelar presentada por particulares que pidieron la suspensión en la provincia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue interpretada como «antidemocrática» por representantes de organizaciones feministas.
La cautelar admitida por la jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de la ciudad de Resistencia, hizo lugar a una presentación para suspender la vigencia de la Ley 27.610 en la provincia de Chaco. En su presentación, los actores y actoras solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma recientemente aprobada en el Congreso y sostuvieron que el art.15 inc.1 de la Constitución de Chaco garantiza «el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana».
En su fallo, la jueza Aucar de Trotti manifestó que «si bien pueda existir una presunción de validez ante la Ley que se cuestiona, de la simple lectura de las restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre la misma».
«Este tipo de cautelares evidencian la trinchera antidemocrática, que suspende el ejercicio de un derecho y la implementación de una política pública sanitaria sin hacer un control mínimo, serio, de admisibilidad y procedencia de la acción», dijo Soledad Deza, abogada tucumana feminista que representó y logró la liberación de Belén, la joven que estuvo presa en esa provincia a causa de un aborto espontáneo. También afirmó que este tipo de demandas «son una aventura jurídica, la legitimación activa es muy seria en un proceso y está decisión omite ese análisis como también el de la legitimación pasiva y la inexistencia inocultable de caso».
Por su parte, la subsecretaria de Salud comunitaria, Entornos Saludables y no Violentos del Ministerio de Salud Pública de Chaco, Carolina Centeno, sostuvo hoy en su cuenta de Twitter que «ante la medida cautelar que suspende la aplicación de la ley 27.610 difundida por la red social WhatsApp, queremos aclarar que el gobierno provincial no ha sido notificado al respecto. Somos respetuosos del Estado de Derecho y respetamos los procesos judiciales»
«Llegado el momento contestaremos de tal forma. La ley de IVE es una ley sancionada por los representantes del pueblo. Desde el gobierno provincial, vamos a seguir impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes», agregó la funcionaria chaqueña en el hilo de la red social.
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