La Legislatura porteña debatirá hoy el proyecto impulsado por el Ejecutivo local para la compra de vacunas contra el coronavirus, el cual fue modificado en su redacción original tras el retiro de un artículo que incluía a «las conductas negligentes» por parte de las empresas farmacéuticas entre las causales para los reclamos indemnizatorios que el Estado podría reclamar ante alguna falla.
Según informaron fuentes parlamentarias a Télam, el expediente será parte de los temas que tratarán los legisladores en la sesión ordinaria, cuyo inicio será a las 12, y cada bloque tendrá diez minutos para referirse al tema.
En rigor, el proyecto del Ejecutivo fue remitido a la Legislatura hace una semana con el pedido de autorización para «iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios» para la adquisición de vacunas destinadas al plan de inoculación contra el coronavirus.
«Resulta necesario facultar al Poder Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para adquirir mayor cantidad de dosis de vacunas, estableciendo el marco jurídico pertinente para avanzar en las negociaciones que este tipo de transacciones requiere en el mercado internacional», indicaba la iniciativa entre los fundamentos para su presentación.
En su versión original, el proyecto contenía la posibilidad de incluir en los acuerdos que se pudieran iniciar con las farmacéuticas «cláusulas de confidencialidad, condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y reclamaciones pecuniarias», entre las que se exceptuaba «aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos».
Al respecto, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto del viernes pasado, el jefe del bloque oficialista Vamos Juntos, Diego García Vilas, pidió el cambio a la redacción del proyecto original enviado por el Ejecutivo 48 horas antes y retiró el apartado que aludía a las excepciones.
Tras el cambio, el legislador del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade manifestó estar «de acuerdo con que las jurisdicciones o distritos del país puedan trabajar en la posibilidad de contar con la mayor cantidad de vacunas», pero cuestionó la modificación impulsada por el bloque oficialista al señalar que «tanto en el Congreso nacional como en la provincia de Buenos Aires se aprobó una ley como estaba escrito originalmente en el proyecto del Ejecutivo».
«Evidentemente, los diputados nacionales y bonaerenses entendieron que era importante», indicó Andrade durante el debate en la Comisión y manifestó: «no veo porqué como Estado deberíamos darle indemnidad en las obligaciones que tienen los proveedores».
Tras el planteo del diputado opositor, García Vilas consideró que «se haya votado a nivel nacional no nos dice nada, no hace que persistamos en la misma forma» y agregó que «no tenemos que poner limitación para conseguir las vacunas, no tiene lógica sostener la incorporación de la palabra negligencia».
El proyecto que debatirán hoy los legisladores, en tanto, plantea que «las cláusulas o acuerdos de confidencialidad que se pudieran adoptar quedan expresamente exceptuados del deber de divulgación, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 104», el cual establece los límites en el Acceso a la Información.
Por último, propone, «a fin de velar por la transparencia de los actos de gobierno, la creación de una Comisión Especial en la Legislatura para el seguimiento de los acuerdos aprobados y ante la cual el Ejecutivo deberá informar cada dos meses sobre las adquisiciones realizadas y la distribución territorial de las vacunas.
