Manifestantes se congregaban esta tarde frente al Congreso nacional en rechazo al proyecto de legalización del aborto que comenzará a ser tratado el martes próximo en la Cámara de Diputados.
La convocatoria de la manifestación, que se replica en varios puntos del país, fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia católica y la evangélica, que realizan hoy su primera acción conjunta en contra de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
Portando banderas argentinas, carteles y pañuelos celestes, los manifestantes se congregaban frente al Congreso nacional, respondiendo a una convocatoria realizada por redes sociales bajo el hashtag #LaMayoríaCeleste.
Entre las organizaciones convocantes se encuentra la Unidad Provida, que nuclea a más de 150 organizaciones de la sociedad civil.
«Hay más de 100 causas prioritarias por las que mueren las mujeres, y mucho más en pandemia. Mueren 15 veces más embarazadas que quieren tener a sus hijos, 20 veces más mujeres por desnutrición o HIV, y 300 veces más por cáncer de mama”, sostuvo Ana Belén Mármora, activista de Unidad Provida.
Desde la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia, que encabeza monseñor Pedro Laxague, alentaron «fervientemente» a participar de la manifestación «a favor del derecho humano a la vida de toda persona garantizado en la misma Constitución nacional», según un comunicado.
De hecho participaban esta tarde de la marcha el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Poli; y el obispo auxiliar y vicario episcopal de las villas de la ciudad, Gustavo Carrara, entre otros.
Desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), que nuclea a las comunidades evangélicas y que tienen un alto poder de convocatoria, también se sumaron a la convocatoria.
La Cámara de Diputados abrirá la semana próxima el debate en comisiones del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y la exposición de unos 50 referentes -25 a favor y 25 en contra- tras lo cual buscará emitir dictamen de la iniciativa el viernes 4 de diciembre.
La intención de los diputados del Frente de Todos, según informaron fuentes parlamentarias, es aprobar en la segunda semana de diciembre el proyecto en la cámara baja y enviarlo luego al Senado para tener sancionada la ley antes de fin de año, ya en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.
Las fuentes anticiparon que el Poder Ejecutivo realizaría la convocatoria a extraordinarias en los próximos días, donde podría incluir además otras iniciativas claves para el gobierno nacional.
Junto con el proyecto de legalización el aborto se debatirá, en una sesión especial virtual, que se realizaría entre el 8 y el 10 de diciembre, el Plan de los 1000 días de ayuda a las mujeres embarazadas que abarcará hasta los primeros años de la infancia, que también tendrá dictamen en la próxima semana.
De acuerdo al cronograma previsto, las comisiones de Salud y Presupuesto comenzarán el lunes a las 10 la discusión del Plan de los 1000 días, con las exposiciones de funcionarios de los Ministerios de Salud; de la Mujer, Géneros y Diversidad y del Interior y de la Anses.
En tanto, el martes a las 9 a la mañana se abrirá la discusión sobre el proyecto de legalización del aborto con las exposiciones que brindarán los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
Fuentes parlamentarias señalaron que durante el tratamiento del proyecto de ley que legaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14, se buscará evitar las agresiones entre los diputados verdes -a favor del aborto- y celestes -en contra- con el fin de tener, como pidió el presidente Alberto Fernández, un debate «serio sin ataques personales».
También, se acordó promover entre todos una resolución de la cámara baja para pedir a los legisladores que trabajen en este tema, evitar adjetivaciones personales y calificaciones peyorativas para que sea un debate serio y respetuoso.
La intención es evitar las agresiones que sufrieron algunos diputados que adelantaron su postura a favor del proyecto, como el que ocurrió frente al domicilio del radical Facundo Suárez Lastra, cuando un grupo de personas autodenominadas «provida» se manifestó con bombos y carteles en contra de la iniciativa.
Las fuentes estimaron que esas agresiones se podrían replicar en los domicilios de los diputados del interior y para evitar esas situaciones analizan participar desde las Legislaturas provinciales, donde tendrían garantizada la seguridad, por un lado, y la conexión a la hora de votar el proyecto, por otro.
El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el Presidente al Congreso establece que «las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar» tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la «objeción de conciencia» por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá «el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo» si «fuere resultado de una violación», cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.
