Muchas empresas argentinas podrían acercarse al colapso ante las dificultades para acceder a divisas para saldar sus deudas en dólares que generaron las restricciones cambiarias dispuestas la semana pasada por el Banco Central (BCRA).
En medio de una crisis, la medida buscó resguardar las escasas reservas internacionales de la entidad, pero disparó ventas masivas en bonos soberanos y acciones y un desplome en la cotización del peso en la plaza marginal, ya que el mercado cambiario mayorista está regulado por el Banco Central.
Tras la decisión, las empresas con deudas mayores a 1 millón de dólares mensuales pueden cubrir sus créditos en divisas hasta el 40%, entre octubre y marzo próximo, por lo que se verán obligadas a refinanciar el 60% restante.
«Se acaba la fuente de financiamiento. Estamos hablando de empresas cuyo flujos son locales y que no puedan adquirir divisas. Es una locura», dijo a Reuters Mariano Sardáns, director de la gerenciadora de patrimonios FDI.
«Esto es un acta de defunción de muchas empresas o directamente el default para todas estas empresas. Se les acaba el financiamiento, están fuera del juego», agregó.
La economía del país transita su tercer año consecutivo de recesión, afectada particularmente en 2020 por la pandemia de COVID-19. Su PIB se derrumbó un histórico 19,1% y el desempleo trepó al 13,1% en el segundo trimestre de este año.
La profunda devaluación que sufrió el peso desde 2018 hasta la actualidad -cercana al 58%- no ha servido para recuperar la confianza en la moneda, que continúa perdiendo valor día a día mientras muchos ahorristas argentinos buscan refugio en el dólar.
Empresas como Celulosa Argentina, San Miguel, Agrofina y el grupo Elsztain, por la acumulación de vencimientos de empresas como IRSA y Cresud, podrían verse afectadas, según el economista Roberto Drimer, titular de la consultora VatNet.
«Nos obligan a entrar a una reestructuración forzada y no dan una claridad sobre qué pasa si no hay éxito en esa reestructuración. Es inédito», señaló a Reuters un empresario que prefirió no revelar su identidad y cuya compañía debe cancelar 20 millones de dólares.
«Alrededor del 60% de nuestros acreedores son individuales y esa atomización es un dolor de cabeza a la hora de contactarlos para reestructurar», explicó. Su firma prevé presentar en septiembre un plan de reestructuración al banco central.
Como parte del panorama negativo para el país, FTSE Russell rebajó el jueves la calificación del mercado de capitales de Argentina a «inclasificado» desde «mercado de frontera».
Moody’s Argentina consideró que el endurecimiento cambiario «tendrá un impacto negativo sobre la capacidad de pago en tiempo y forma de las empresas locales», con vencimientos de capital en Obligaciones Negociables durante esos seis meses por 1.253 millones de dólares.
«En este contexto, entendemos que las empresas argentinas tomarán una posición defensiva, reduciendo significativamente su plan de expansión y revisando su estructura de costos», añadió.
«Nos obligan a entrar a una reestructuración forzada y no dan una claridad sobre qué pasa si no hay éxito en esa reestructuración. Es inédito», señaló a Reuters un empresario.
Las empresas cuentan con la opción de repagar sus deudas comprando dólares en mercados alternativos -por ejemplo, vendiendo activos localmente y acreditando dólares en el exterior-, pero tendrían fuertes pérdidas financieras ya que las divisas así obtenidas resultan un 80% más caras que la cotización oficial.
La restricción del banco central al acceso a dólares no se aplica a empresas que ya canjearon bonos 2021 y extendieron plazos a 2025. Es decir, no aplica a los 400 millones que tiene que pagar la petrolera estatal YPF en marzo.
El Gobierno de Alberto Fernández terminó en agosto de cerrar un exitoso canje de deuda por 65.000 millones de dólares con acreedores externos y en septiembre cerró una reestructuración por 45.000 millones de dólares con tenedores de deuda nominada en moneda local.
Pero el optimismo generado por estas operaciones se esfumó rápidamente para los inversores, quienes no dejan de desarmar carteras con activos del país sudamericano.
Ahora el Ejecutivo está en diálogo con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar el pago de créditos por cerca de 44.000 millones de dólares.
