Tras el fallo judicial que avaló hoy la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que pese al aumento récord de contagios y las restricciones dispuestas por la Nación las escuelas estarán abiertas mañana, en una decisión que fue rechazada por el presidente Alberto Fernández al calificar el dictamen de «estrago jurídico» porque la cuestión es de competencia de la Justicia federal.
Fernández afirmó que el fallo de la Justicia porteña a favor del dictado de clases presenciales en la Ciudad genera «un estrago jurídico» porque toma medidas que son «del exclusivo resorte de la Justicia Federal».
«Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la Ciudad fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación», afirmó el Presidente en declaraciones a El Destape.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló hoy a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.
Tras el fallo, los gremios docentes porteños UTE, Ctera y Sadop anunciaron un paro de actividades para mañana, al advertir que «la salud y la vida son prioridad» y que el cuidado de la sociedad está «dado por el respeto a las normas establecidas».
Con esta medida de fuerza, los sindicatos docentes exigen que la administración porteña «cumpla con los 15 días de medidas preventivas que desde el Gobierno nacional se decretaron en defensa de la vida».
En conferencia de prensa, Rodríguez Larreta anunció que «el Lunes habrá clases presenciales» y llamó a ser «muy prudentes y llevar tranquilidad a las casas y las familias».
«Todas las decisiones que tomamos en la Ciudad son basadas en datos y evidencia, y en la opinión de expertos nacionales e internacionales en salud y educación, y siempre vamos a estar buscando atender el bienestar integral de las personas», afirmó el mandatario porteño.
Tras «refirmar su convicción respecto del diálogo y de coordinar esfuerzos con el Gobierno nacional», Rodríguez Larreta sostuvo que su administración siempre fue «clara en la necesidad de presencialidad en educación», a la que definió como la «base del desarrollo como sociedad, garantía de la libertad de elegir y fortalecer la democracia».
«Sabemos que la pandemia sigue circulando, pero no podemos quedarnos en esto de elegir entre educación y salud; el desafío es buscar el bienestar integral aprendiendo a convivir con esta situación», enfatizó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, destacó la decisión del Presidente de «preservar la vida de miles de argentinos» y dejó claro que «no dictó políticas educativas» al criticar el fallo de la Justicia porteña al que calificó de «mamarracho jurídico» con una sola explicación, que es «política».
«El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos», publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.
Y agregó que «una medida sanitaria del Gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política. La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida», concluyó.
En tanto, el Ministerio de Salud nacional advirtió hoy que la presencialidad en escuelas «puede implicar un bajo riesgo individual» pero «alto riesgo colectivo, según el análisis epidemiológico», al publicar por redes sociales un gráfico que compara la evolución de casos totales de coronavirus y de aquellos entre la población escolar desde el inicio de clases presenciales en el AMBA.
«El análisis de la curva epidémica en el grupo de población en edad escolar indica que desde el comienzo del ciclo lectivo se ha producido un aumento exponencial del número de casos, similar -y aún mayor- a lo observado en la curva de la población general», indicó el ministerio.
La cartera que encabeza la ministra Carla Vizzotti añadió que «comparando las dos semanas previas al inicio de clases y las últimas dos semanas, se observa que los grupos de edad escolar presentan un aumento proporcional mayor al resto de las edades».
En tanto, la escalada de la segunda ola de coronavirus puso en tensión al sistema de salud porteño, especialmente al sector privado, que tiene una ocupación del 95% en terapia intensiva, mientras que en los hospitales públicos subió hasta al 61,1%, lo que configura una situación «crítica» y de «saturación», advirtieron distintas fuentes y especialistas del sector sanitario consultados por Télam.
Además, los casos de coronavirus en la población en edad escolar registraron en el país un crecimiento a partir del inicio del ciclo lectivo este año en la modalidad presencial, según gráficos elaborados por el Ministerio de Salud en base a los datos epidemiológicos.
En el fallo de hoy, el tribunal del Poder Judicial porteño resolvió «hacer lugar a la queja interpuesta y en consecuencia admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo tercero, del DNU y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad».
La Cámara de Apelaciones está compuesta por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli.
La camarista Macchiavelli había sido recusada por los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández por ser hermana del secretario de Ambiente del Gobierno porteño, Eduardo Macchiavelli, quien también se desempeña como secretario general del partido Pro del distrito.
Sin embargo, López Alfonsín y Perugini, los otros dos jueces del tribunal, rechazaron esa presentación, al considerar que «no existe la mentada conexidad, razón por la cual no se vislumbra una vinculación entre los mencionados expedientes que le otorguen legitimación a los presentantes en esta causa».
