El Gobierno nacional anunció una serie de cambios en el Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro) y el Repro II. Estas medidas, que nacieron con la intención de brindar una ayuda a las empresas del sector privado para abonar los salarios de los trabajadores, tendrán ahora más requisitos y nuevos alcances para poder inscribirse.
De acuerdo a lo que establece la Resolución 420/2022 del Ministerio de Trabajo, publicada este martes en el Boletín Oficial, la primera modificación será “efectuar una reformulación y fusión de ambos programas en uno nuevo que cumpla las expectativas de la economía actual”.
“En el contexto actual de la economía nacional, se evidencian diversos indicadores que dan cuenta de un proceso de reactivación de la actividad económica y del empleo”, señala el texto para justificar la unión de los dos proyectos.
Ahora, el Estado otorgará una “asignación dineraria individual a abonar a los trabajadores”, la cual equivale al 50% del sueldo total, aunque con un valor máximo del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil. El plazo total para recibir este beneficio será de tres meses.
¿Quiénes quedarán exentos del acceso al Repro? Las empresas beneficiarias de subsidios estatales nacionales, provinciales o municipales; que hayan iniciado su actividad seis meses antes de la solicitud de la ayuda; que estén incluidos en el Programa para el Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad (FESCAS); y las “empresas, sociedades y entes de los Sectores Públicos Nacional, Provincial y Municipal”.
Para poder anotarse, los empleadores deberán acreditar que afrontan “una situación económica crítica conforme la evaluación de un conjunto de indicadores patrimoniales, financieros, económicos y de parámetros, y no haber efectuado una reducción de personal mayor al 20% en la comparación interanual”.
A los requisitos se suman también las documentaciones a presentar ante la AFIP, como un balance correspondiente al último ejercicio; una declaración jurada que certifique que cumplen con las obligaciones laborales, sociales y previsionales; ventas facturadas; e indicadores sobre el estado económico, financiero y patrimonial, entre otros.
