La defensa de Lázaro Báez comenzará este lunes sus alegatos en el juicio de la obra pública conocido como «Vialidad». El empresario, que ya cumple prisión domiciliaria por causas de corrupción, está acusado por haber recibido licitaciones de forma irregular durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para la construcción de 51 obras en Santa Cruz que cobró y nunca terminó.
Báez, ex titular del Grupo Austral, afrontará un pedido de pena por parte de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes solicitaron 12 años de prisión en su contra. Se trata de la misma cantidad de años que exigen para la actual vicepresidenta, con quien –según la acusación– habría montado una asociación ilícita como partícipe primario en el delito de defraudación al Estado.
El abogado Juan Villanueva anticipó que buscará desmentir a los acusadores públicos de que hubiese existido una motivación delictiva detrás de los acuerdos comerciales entre la empresa de Báez y las gestiones en el Ejecutivo Nacional del matrimonio Kirchner.
La defensa, además, apunta a refutar el supuesto encuentro entre su defendido y Cristina Kirchner el 30 de noviembre de 2015 «para limpiar evidencias».
Esto último fue rechazado rotundamente días atrás por el abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi. Durante su respectivo alegato, el letrado de la también actual presidenta del Senado afirmó que «fue todo un invento», ya que ella aquel día se encontraba en otro lugar encabezando un acto político.
Luego de la defensa de Báez, restará el descargo de la de otros cuatro imputados en el caso. Posteriormente, los fiscales Luciani y Mola podrán responderle a las defensas en la ronda de dúplicas y réplicas, para luego dar paso a las últimas palabras de los acusados y la lectura del veredicto, que podría darse en principio durante la primera quincena de noviembre.
De ser hallado culpable, Báez sumaría una nueva condena ya que en febrero de 2021, el Tribunal Oral Número 4 le impuso 12 años de prisión en el juicio conocido como «La ruta del dinero», en el que la Justicia dio por probado que el empresario santacruceño lavó más de 55 mil millones de dólares a partir de contratos de obra pública adjudicados entre 2003 y 2015.
