Un nuevo enfrentamiento se desató entre el Gobierno y la Justicia debido al nombramiento del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como titular del Consejo de la Magistratura. En ese sentido, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, no se quedó callado y calificó a la nueva composición del Consejo como un «descalabro». Además, advirtió que podría llevar a cabo un «juicio político».
Hoy en diálogo con Rolando Graña en La 990, el funcionario precisó que «el descalabro que generó la Corte con esta decisión tomada en diciembre del año pasado y las posteriores a veces cuesta explicárselo a los abogados, así que imagínate para el público en general» y remarcó que «lo más importante es que la Corte está arrogándose facultades que son de otro poder del Estado, luego de 6 años estudiando una ley que llevaba 16 años de vigencia, concluyó que esa ley era inconstitucional por no respetar el artículo 14 de la Constitución».
En esa línea adelantó que «no descarto juicio político», ya que, si bien aclaró que «no puedo comprometer la posición del Poder Ejecutivo», subrayó que «claramente hay una causal de mal desempeño» y en consecuencia, aseveró que «es verdaderamente escandaloso».
Frente a ese panorama, indicó que «la Corte podría declarar inconstitucional la norma que regula el Consejo de la Magistratura, tendría que haber mantenido la vigencia de la ley que derogó» porque «nada impedía que se mantenga esa ley hasta que el Congreso sancione la ley que correspondía«. Es por eso, que sostuvo que hay «un interés netamente político» y agregó que «la Corte avasalló las facultades del Congreso de la Nación».
«No se explica la decisión de la Corte, no solo en reponer una ley derogada; no se explican los plazos, no se explica que se ponga en vigencia la ley derogada que los ponía justamente a ellos al frente del Consejo de la Magistratura», enfatizó e hizo hincapié en que «no hay antecedentes de esto en Argentina» y es por eso, que afirmó que «este tipo de fallos horada el sistema democrático».
En ese marco, recordó que «en 2014 avalaron esta ley que estuvo vigente hasta diciembre y lo vienen a considerar seis años después» y recalcó que el objetivo es «paralizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura». Además contó que «enviamos en noviembre un nuevo diseño del Consejo de la Magistratura» y por lo tanto, aseguró que «estamos haciendo todo el esfuerzo para que se dé la discusión en el Congreso«.
Sin guardarse nada, apuntó contra dirigentes opositores y sostuvo que «me da vergüenza como argentino ver legisladores de la oposición avalando que otro Poder del Estado les secuestre la facultad de ellos para manejar los fondos y obstaculizar el Consejo de la Magistratura» y fue por más, al aseverar que «lo lamentable es que ciertos sectores de la oposición avalen este mal funcionamiento de las instituciones, sobre todo porque son quienes se llenan la boca hablando de la República».
Debido a ese contexto, aseguró que «mientras esté en mi función, no voy a dejar de insistir en que nuestro país merece una profunda reforma en la Justicia» y precisó que «el problema de la Justicia afecta a todos los ciudadanos en temas laborales, previsionales». «Hay un gran problema de acceso a la Justicia, por eso insistimos con la reforma», subrayó y a modo de ejemplo, indicó que «Hoy no tenemos tribunal que pueda resolver el desbarajuste que está generando la Corte. Hay causas a nivel internacional pero en lo inmediato, dentro del esquema argentino, no tenemos resortes jurídicos».
