La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a Formosa que permita el ingreso a su territorio de los ciudadanos de esa provincia que no pudieron regresar desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, y le dio un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de hoy, para concretar la medida con el cumplimiento de las normas sanitarias que estime pertinentes.
El máximo tribunal se expidió de esta manera ante un amparo colectivo presentado por damnificados por las limitaciones a la libre circulación de personas que impusieron las autoridades formoseñas ante la pandemia de coronavirus, y que motivó -según estimaciones de la oficina argentina de Amnistía Internacional- que alrededor de 7.500 personas quedaran varadas en el límite provincial sin poder ingresar a esa jurisdicción.
«Aun cuando pudiesen resultar adecuadas a la tutela de la salud pública, las medidas adoptadas por las autoridades provinciales aparecen como limitaciones irrazonables a la autonomía personal frente a la demora para concretar el ingreso de quienes lo requieren, incluso, de aquellas personas que, de acuerdo con la propia reglamentación local, se encontrarían dentro de los casos prioritarios», señaló la Corte.
Desde el comienzo de la pandemia, 7.500 personas quedaran varadas en el límite provincial sin poder ingresar a esa jurisdicción.
En tanto, el gobierno de Gildo Insfrán informó hoy que «este jueves ingresaron a Formosa mediante el sistema ordenado y administrado las últimas doce personas que aguardaban hacerlo a la vera de la ruta nacional N°11 en Puerto Eva Perón, provincia del Chaco».
Según publico la Agencia de Noticias de Formosa (Agenfor) la información fue confirmada tanto por la policía de Formosa, como por la de Chaco.
La información señala que «el comisario chaqueño Walter Ávalos informó que esta mañana ingresó el último grupo de personas que aguardaban ingresar».
Y añade que el comisario inspector de la policía formoseña Félix Bogado, Jefe de la Unidad Regional con sede en Mansilla –límite con Chaco- destacó «que efectivamente doce personas que estaban acampando en las inmediaciones del puente, ingresaron, mediante el sistema Ordenado y Administrado, a la provincia».
En una decisión unánime, la Corte puntualizó que «la restricción de derechos en el marco de la aplicación de medidas de la naturaleza de las descriptas, no resulta prima facie razonable en su aspecto temporal«, ni tampoco «en el aspecto económico, en tanto supedita el ejercicio de derechos a una determinada capacidad económica», indicaron fuentes judiciales.
Con el objeto de prevenir el contagio del Covid-19, las autoridades provinciales implementaron el «Programa de Ingreso Ordenado y Administrado», que estableció una serie de controles para la entrada de los formoseños que se encontraban en otros puntos del país, con la aceptación previa de ser trasladado a un Centro de Alojamiento Preventivo asignado, en un plazo a comunicar al interesado, entre otros requisitos.
