Amnistía Internacional envió una carta al titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina, Max Alier, para solicitar que consideren el “respeto por los derechos humanos” como parte de la negociación por el nuevo préstamo con el Gobierno de Javier Milei.
La entidad expresó su “preocupación por el impacto devastador de las políticas de ajuste fiscal”, especialmente en sectores más vulnerables como los jubilados, las mujeres y los menores, como también en “cómo el nuevo acuerdo puede profundizar la crisis que ya enfrenta el país”.
“El FMI, como agencia especializada de las Naciones Unidas, también tiene obligaciones en materia de derechos humanos”, enfatizaron en la misiva.
En ese sentido, Amnistía remarcó al organismo que “debe abstenerse de financiar y aplicar programas que directa o indirectamente contravengan el disfrute de derechos básicos como la salud, educación, trabajo y alimentación”.
Además, señaló que “debe asegurarse de que los Estados prestatarios siguen siendo capaces de hacer frente a la deuda externa sin comprometer su capacidad para cumplir sus obligaciones internacionales”.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, comentó que “las políticas de ajuste estructural no pueden implementarse a costa del bienestar de las personas que habitan la Argentina”.
“Si bien los Estados siguen siendo los principales responsables de garantizar los derechos humanos, las instituciones financieras internacionales también pueden ser responsables de su complicidad a la hora de prescribir políticas con repercusiones sobre el trabajo, la educación, la salud de las personas”, agregó.
En esa línea, argumentó que “es fundamental que el FMI incorpore una perspectiva de derechos humanos en sus negociaciones con el gobierno nacional y que asegure la transparencia en los acuerdos económicos, a fin de permitir el escrutinio público”
Entre los puntos que le reclama al organismo monetario, mencionaron que aplique medidas para garantizar “que las políticas económicas negociadas con Argentina respeten los derechos humanos y protejan a los sectores más vulnerables”, como también que se asegure “la transparencia en los acuerdos económicos y permita el escrutinio público de sus términos y condiciones”.
También que “se abstenga de incluir en los programas de reforma económica condiciones que puedan menoscabar la capacidad del gobierno para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales”; y que “implemente evaluaciones de impacto en derechos humanos antes, durante y después de la aplicación de programas de asistencia financiera”.
