Este martes se pusieron en marcha las audiencias públicas convocadas por el Gobierno nacional para debatir los aumentos de tarifas de los servicios públicos vinculados a la energía en todo el país, pero principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La primera es la del servicio de gas, y allí comenzaron a quedar claras cuáles son las posturas.
Por parte del Ejecutivo nacional, expuso la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, quien confirmó que la iniciativa del Ministerio de Economía es aplicar un aumento promedio del 20%, mientras que se mantendrían los subsidios para los usuario de la tarifa social.
De este modo, el Gobierno insiste en que los ajustes se realizarán “por debajo de la evolución de los salarios», para “mejorar el poder adquisitivo luego de la pandemia”, haciendo que las facturas “tengan un peso cada vez menor para las familias”.
Para sintetizar en qué consisten los incrementos, Videla Oporto aseveró que quienes reciben hoy la tarifa social, a partir de junio tendrán un aumento del 0%, mientras que para todos los demás serán del 20%, en promedio, y eso significa que algunos pagarán mucho más.
Tal como se había anticipado, la cartera de Economía, que dirige Martín Guzmán, había trazado una segmentación para que le mayor paso recayera sobre el 10% de la población con mayores ingresos. Los hogares con ingresos mayores a $ 310.000 verificarán alzas de hasta el 200%.
Los aumentos (en verdad es la eliminación de subsidios a las empresas, e indirectamente a los consumidores) responden al acuerdo trazado con el FMI. El aumento total para los usuarios con tarifa social debería ser equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, lo cual arroja un alza del 21,3%. Dado que en marzo ya había habido un aumento del 20%, se llegaría en junio al total de incrementos previstos para este año para ese grupo.
Pero en lo que se refiere a los usuarios sin tarifa social, el alza comprometida es del 80% del CVS, lo que implicaría un aumento del 42,7% en las tarifas. Sumando este aumento y el de marzo, también se estaría casi sobre el número pactado.
Asimismo, la funcionaria recordó que actualmente el Estado Nacional subsidia un 75,6% del costo total del gas natural, con un costo fiscal de US$ 3.064 millones.
VOCES EN CONTRA
Cada expositor tiene cinco minutos para exponer su opinión sobre el tema, y así fue que desfilaron por la audiencia online una gran cantidad de voces, buena parte de ellas en contra de los incrementos.
Por ejemplo, por parte de Juntos por el Cambio, la diputada mendocina Jimena Latorre, afirmó: “Llevan más de dos años con los entes reguladores intervenidos ilegítimamente sin ningún avance ni resultado y vienen a plantear aumentos en un escenario de mayor consumo, alza en los precios internacionales y falta de divisas”. Además, señaló que “los salarios siguen muy por detrás de la inflación”, lo cual desmentiría la meta de que los aumentos no superen las paritarias.
También manifestaron su preocupación los industriales. Desde la Asociación de Consumidores Industriales de Gas (Acigra), que nuclea a las empresas que tienen cerca del 50% del consumo industrial, reclamaron que hoy no es suficiente el 30% del Plan Gas destinado a abastecer al consumo industrial y de GNC. Por eso, pidieron al Gobierno que se mejoren los mecanismos de asignación, y que se haga a un “precio razonable”.
En nombre de las distribuidoras, Daniel Martini, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), aseguró que la segmentación generará tres cuadros tarifarios adicionales a ya vigentes, afectándolos económica y financieramente. Según detallaron, cada punto porcentual de aumento del precio del gas equivale a $ 86 millones de pérdida para las compañías, ya que impacta en costos. Así, un aumento del 55% en el precio sería igual a una pérdida aproximada de $ 4.730 millones, advirtió.
Desde el punto de vista de la demanda minorista, expuso también Pedro Bussetti, de la Asociación de Defensa Usuarios y Consumidores, quien manifestó su procupación por que este no sea el último incremento del año, tal como se está prometiendo. Y, para sostener sus dudas, recordó que “el Gobierno nacional se obligó a realizar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en diciembre de 2022”.
Asimismo, Victoria Noriega, en nombre de la Federación de Subdistribuidores de Gas (Fesubgas). Hizo un pedido especial, con el objetivo de promover el desarrollo y el empleo: que las pymes puedan acceder a un precio diferencial, como sucedía hasta fines de 2016.
Pero también, como se esperaba, hubo “fuego amigo”. el diputado mendocino por el oficialismo, José Luis Ramón, criticó fuertemente estas subas. “El Frente de Todos no puede permitir este avance, donde se considera que los servicios públicos son bienes de mercado. Son un derecho social de cada familia de la argentina que tiene que estar adecuado a la capacidad de pago de la familia”, sentenció, y lamentó la ausencia de Guzmán en la audiencia.
