Por Fernando Heredia, de Energía Online
El último aumento de combustibles acordado por el programa Precios Justos ya está reflejado en los surtidores de las estaciones de servicio Shell y en las próximas horas tendrá vigencia en el resto de las petroleras.
El ajuste del 3,8% rige desde la medianoche y le pone fin a un sendero de subas pautadas por todo un cuatrimestre, donde se acumuló un alza del 16,76% que corrió muy por detrás de la inflación (24,57% en el acumulado noviembre-febrero).
Esa pérdida de ocho puntos porcentuales, que en realidad se incrementarían a por lo menos 10 puntos cuando se conozca el dato de variación de IPC de marzo y se calcule el acumulado diciembre-marzo, tensiona las negociaciones entre las petroleras y el Gobierno respecto a la continuidad de Precios Justos. Incluso muchas hablan de que la diferencia respecto al import parity es de 20 puntos.
En un principio, la intención del Ministerio de Economía era renovar el programa por otros cuatro meses con un sendero de aumentos a la baja que promedie el 3,2%, tal como se anunció para la gran canasta de productos alimenticios.
Sin embargo, el reciente salto de la inflación conocido este martes elimina toda posibilidad de converger en ese porcentaje. De hecho, las petroleras pretenden que se reconozca la pérdida de rentabilidad por el primer cuatrimestre y se traslade al surtidor un aumento todavía mayor.
En esa línea fue que se expresó la cúpula de YPF ante accionistas e inversores en la celebración de sus 30 años de cotización en Wall Street el pasado viernes en Nueva York, donde afirmaron que la intención es que la política de precios de combustibles acompañe la inflación.
La carta del Gobierno para amortiguar en parte estas demandas es la fuerte baja del Brent a nivel internacional, donde a raíz de la crisis financiera en los Estados Unidos, el barril se desplomó un 10,8% en tres ruedas.
Se trata del principal insumo de las refinadoras, aunque es evidente que el resto de los costos que se pagan en pesos como la mano de obra, los fletes y los biocombustibles tuvieron un salto muy significativo que las terminó perjudicando.
Por otro lado, todavía queda pendiente la resolución del congelamiento de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que le genera una enorme pérdida al Estado que rondará los 600 millones de dólares ese primer cuatrimestre.
El Gobierno tiene la urgencia de cumplir con la exigente meta fiscal del FMI y, por lo tanto, busca actualizar estos ingresos lo antes posible. El problema es que el atraso es tan grande, que ajustar este componente significaría un alza en las naftas en torno al 22%, más allá de los aumentos mensuales que se acuerden con las petroleras.
Publicado en cooperación con EnergíaOnline.com.ar
