Por Alberto Saccardi
La masiva movilización en las principales ciudades de la Argentina en la última semana de abril, la mayor protesta contra la política de ajuste fiscal del gobierno libertario de Javier Milei congregó a cerca de un millón de personas. El foco de la protesta era el recorte de una parte del presupuesto que la administración para financiar el 90% del funcionamiento de las 50 universidades nacionales. El reclamo, que excedía por mucho a la comunidad universitaria, hacía foco en el “Programa Desarrollo de la Educación Superior”, que canaliza esos recursos. Este ítem acumulaba el 0,22% del PBI de la Argentina.
Mientras tanto, los policymakers de la Argentina, miran con espasmos, de reojo, con sospecha y codicia, cómo las arcas públicas financian, ya por 50 años, un régimen de promoción impositiva que, por lejanía geográfica, falta de información o de transparencia en los números alimenta dudas acerca de su efectividad.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, instrumentado por la Ley 19.640, que data de 1972, insume, paradójicamente, un 0,22% del PBI según cálculos conservadores de la Fundación Fundar, que se dedicó a estudiar en profundidad su impacto y proponer alternativas al “costo fiscal” de su funcionamiento. Sin embargo, en 2022, cuando el gobierno de Alberto Fernández promovió la prórroga del régimen que había vencido en ese año, el denominado gasto tributario asociado al “régimen”, insumía el 0,36% del PBI.
Ese año, forzado por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, ingresó un presupuesto para 2023 con una “separata” destinada a satisfacer la demanda de ajuste fiscal. Allí se hacía foco en la búsqueda de financiamiento asociado con exenciones impositivas. Los gastos tributarios son rubros de promociones o exenciones fiscales que, vistos desde el lado de la recaudación, “se dejan de recaudar”. Esto, por ejemplo, significa que el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego equivale a siete presupuestos de la UBA. Ni más ni menos.
Esa suma, para la promoción económica de la provincia de Tierra del Fuego representaba 0,35% del PBI. El esquema vigente incluye la liberación del pago del IVA para compra y venta, exenciones al Impuesto a las Ganancias, una alícuota reducida de los Impuestos Internos sobre productos electrónicos y también el no cobro de los derechos de importación a los productos que ingresen en la Isla.
El Director Ejecutivo del centro de investigación Fundar, Martín Reydó, explicó que el régimen insume a valores actuales unos US$ 1070 millones. Esto equivale a nueve presupuestos anuales de la UBA, trece millones de planes sociales o seis millones y medio de jubilaciones mínimas. Además, las empresas beneficiadas, pese a que recaudan el IVA por sus ventas, no lo devuelven. En un país donde el equilibrio fiscal se recuesta principalmente, sobre el recorte de fondos a las jubilaciones, cada peso cuenta. Pero la pregunta y la ambición es también el para qué.
Apenas dos empresas sacan ventajas impositivas por el régimen fiscal de Tierra del Fuego (NA)
La Ley 19.640, que data de 1972, tuvo como origen la decisión del entonces gobierno militar de Alejandro Agustín Lanusse. El objetivo geopolítico era lograr poblar y anclar al territorio nacional a Tierra del Fuego, ubicada a 3000 kilómetros de Buenos Aires. Por sus características insulares y alejadas del centro de gravedad del continente, apuntaba a fortalecer la presencia nacional en territorios codiciados tanto por los vecinos de Chile como por Gran Bretaña, asentada colonialmente en las Islas Malvinas, como por otras potencias centrales, en momentos de auge de la “guerra fría”.
El punto continental más austral y más cercano a la Antártida se encontraba aislado y frágil frente a cualquier intento de anexión.
La provincia de Tierra del Fuego describe a los beneficios de la Ley 19.640 como un régimen de promoción económica con el objetivo de integrar dicha zona con la economía del territorio continental nacional que tiene la función de hacer viables las distintas actividades económicas desarrolladas o a desarrollarse en la zona. Lo hace “compensando con exenciones impositivas, aduaneras, y otros estímulos económicos, los mayores costos derivados del transporte a gran distancia, las particulares condiciones climáticas, y la condición geográfica insular de la Provincia”, sostiene oficialmente.
Régimen fiscal de Tierra del Fuego: «Son ensambladores de IVA»
Aunque el “subrégimen”, como se lo denomina en la jerga industrial, no fue diseñado especialmente para un sector específico, con el tiempo se ha especializado en algunas industrias electrónicas. Hoy operan unas 50 firmas a su amparo, unas 20 electrónicas. Las principales son BGH, Mirgor, Newsan, Radio Victoria (Hitachi), Midea Carrier, Electro Fueguina, Digital Fueguina y Fapesa (Philips). Los principales productos que se fabrican en la isla son equipos celulares, televisores y equipos de aire acondicionado.
Pero también existen ocho textiles: Australtex SA, Barpla SA, Cordonsed SA, Fabrisur SA, Hilandería Fueguina SAIC, Hilandería Rio Grande, Teogrande SA y Textil Rio Grande, de acuerdo con el relevamiento de Fundar.
CHIPS Y DIVISAS
La radicación de las empresas de electrónica se inicia con fuerza a partir de 1978, describe un trabajo de Juan Ignacio García de la Universidad de Tierra del Fuego y Pablo Lavarello, investigador del Conicet.
“Las empresas vieron en la normativa la posibilidad de ensamblar conforme a los estándares internacionales sin pagar aranceles por los insumos y componentes que compraban en el exterior. En el caso de los productos electrónicos de consumo, la relocalización implicó la virtual desaparición de la actividad en el polo metropolitano de Buenos Aires y un rediseño de la estrategia productiva con un marcado proceso de desintegración y desindustrialización”.
A juicio de los investigadores, el complejo de electrónica hasta ahora no tuvo mayor sentido que aprovechar las ventajas impositivas y abastecer al mercado interno de la Argentina. Como está planteado, aseguran, no tiene posibilidades de competir con la industria electrónica global, aunque sí podría apuntar a una estrategia más ambiciosa.
De acuerdo con esta investigación, la industria electrónica fueguina tiene un sesgo “mercadointernista”, intensivo en insumos importados, orientado a una electrónica que encuentra incentivos en producir y vender grandes volúmenes, con escaso valor agregado local, antes que incrementar la rentabilidad a través de la innovación y los esfuerzos tecnológicos.
“Las exenciones impositivas sobre el impuesto al valor agregado (IVA) en compras y ventas, así como la exención del pago de impuestos internos, generan que el mayor beneficio esté asociado al volumen de ventas en el mercado local”, puntualizan Lavarello y García. A la vez, “la exención de pago de aranceles a la importación de partes y piezas favorece el abastecimiento externo en formatos de kits, dejando muy poco espacio para la incorporación de insumos nacionales”.
Concentración de mercado en Tierra del Fuego: un estudio revela los privilegios para dos empresarios
Por esta razón, la actividad de los fabricantes de electrónicos quedó bajo la exposición pública dadas las facilidades para su desarrollo con un consumo permanente de divisas en épocas de carencia de divisa, con una potente protección frente a la competencia.
“Estas medidas se han complementado circunstancialmente con otro tipo de restricciones a la importación de bienes finales impuestas al territorio nacional continental o con planes de incentivo a la demanda, como los créditos subsidiados al consumo o las compras públicas del programa Conectar Igualdad, que profundizan el sesgo mercado internista”, explicaron los investigadores.
El diferencial del costo de los equipos celulares, las computadoras u otros electrónicos importados directamente frente a costos también elevados de productos de fabricación “nacional” en Tierra del Fuego ha puesto en el foco a las empresas que producen a la sombra del “subrégimen”.
“La existencia de barreras a la entrada, tanto legales como tecnológicas dificultan a otras empresas la posibilidad de acceder a los beneficios promocionales”, concluyen los analistas.
En otras palabras, el esquema fueguino actualmente tiene liberada de impuestos la importación de componentes, no paga IVA por lo que compra en el extranjero, tampoco descarga el IVA que cobra por las ventas al continente y, finalmente, goza de una protección arancelaria frente a la competencia extranjera. ¿Demasiado?
CON USTEDES, LOS ACTORES
La industria fueguina tiene dos actores principales que por sus vínculos con el establishment político han quedado en el ojo de la tormenta. Por un lado, Newsan, del empresario Rubén Cherñajovsky, y por el otro, Mirgor, propiedad de la familia de Nicolás Caputo, de ligazón histórica con Mauricio Macri.
Newsan tiene plantas basada principalmente en Ushuaia y Mirgor en Río Grande, la ciudad industrial de Tierra del Fuego.
Newsan se inició como Sansei Argentina en la capital provincial. Con los vaivenes cíclicos, llegó a emplear en la isla a unos 1500 empleados. Fabrican allí televisores, notebooks, celulares, aires acondicionados. En los últimos años, en el rubro electrónico, comenzaron a ensamblar también plaquetas de circuitos integrados. Recientemente anunciaron que comenzaron a producir ciertos chips. Produce ensamblando de marcas internacionales, pero también marcas propias, de menores costos.
Rubén Cherñajovsky, dueño de Newsan, junto a Cristina Kirchner
La empresa de Cherñajovsky, empujada por la política de los 2010 de complementación de consumo de divisa con el impulso de exportaciones que diseñó el entonces secretario de Comercio del gobierno de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, empujó a la firma a incursionar en la industria pesquera, casi como compromiso. Hoy es una de las ramas industriales más promisorias de la firma.
Cherñajovsky quedó expuesto a los cuestionamientos que la política dirige al esquema de promoción industrial sino también a sus vinculaciones políticas. Se lo ligó a Daniel Scioli, con quien mantiene un vínculo histórico relacionado con la actividad. Muchos ya olvidaron que la familia del actual subsecretario de Deportes y Turismo, ex vicepresidente de la Nación, ex gobernador bonaerense, ex embajador en Brasil y ex candidato a Presidente forjó su suerte deportiva como motonauta de la mano de la cadena de electrodomésticos de su familia: Scioli, líderes en el ramo en los años ’70.
Nicolás «Nicky» Caputo, dueño de Mirgor, y Luis Caputo, su hermano y ministro de Economía
Mirgor, una empresa originalmente dedicada a la elaboración de componentes para autos, fue fundada en los años ’80 por Mauricio Macri y su primo Nicolás Caputo. Como se recordará, por esos años Franco Macri, papá del futuro presidente de la Nación, era dueño de Sevel, la terminal que fabricaba autos Fiat y Peugeot. Mirgor se dedicaba a fabricar aires acondicionados y progresó hacia otros componentes electrónicos para autos.
Ya sin los Macri en el accionariado, Nicolás Caputo y su familia tienen el 12,5% de las acciones, mientras que el 30% flota en Bolsa, el 20% es propiedad de la ANSeS, el organismo previsional público, y el resto, de otros inversores.
Durante el gobierno de Cambiemos, al que Caputo contribuyó definitivamente con cuadros vinculados con él y con financiamiento, paradójicamente el régimen fueguino recibió una andanada de los planes fiscalistas de su primo Mauricio.
El centro de logística de la empresa Newsan en Tierra del Fuego (NA)
El entonces ministro de la Producción Dante Sica y Miguel Braun, uno de los artífices de la modernización del Estado que pretendía Macri, se habían pronunciado por limitar los desvíos fiscales del régimen. Si bien no lograron avanzar con la eliminación de los beneficios fiscales del régimen promocional, sí le infringieron una herida que obligaría a reconsiderar luego el futuro productivo de la isla. En concreto, liberaron protecciones para el ingreso de electrodomésticos que se producen en Tierra del Fuego. El desfinanciamiento al programa Conectar Igualdad, por el cual se producían en las terminales de la isla computadoras para distribuir en escuelas primarias y secundarias de todo el país, dañó fuertemente a las empresas electrónicas.
A partir de ahí, tanto Newsan como Mirgor, al igual que el resto de las fábricas promocionadas, empezaron a diversificarse o a desarrollar verticalmente sus negocios. En el caso de Newsan, el viraje a la industria pesquera. Mirgor desplegó negocios agropecuarios y también en plantas integradas en la provincia de Buenos Aires. Pero también se focalizaron en optimizar las instalaciones en Tierra del Fuego. Entre ellas, un puerto en Río Grande, que le permitiría reducir 35% los costos logísticos y de transporte, que se despliegan hoy mayormente por tierra y obligadamente a través de Chile. El plan implica una inversión de US$ 400 millones y podría estar terminado en tres años.
Solo dos empresarios sacan provecho del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, que cuesta US$ 1.000 millones a los argentinos
Si el origen de los beneficios fueguinos nació como una decisión geopolítica, la infraestructura actual no queda a la saga: el puerto de Mirgor así como otro que ofreció construir Newsan en Ushuaia también convoca a capitales de China y una reacción contraria de los Estados Unidos.
A principios de abril, la titular del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Laura Richardson, visitó Ushuaia, donde se reunió con el presidente Javier Milei. Sellaron un acuerdo para la construcción de una instalación que atenderá naves que se dirigirán a la Antártida. En 2023, Richardson había alertado en el Capitolio acerca del interés de China en la construcción del puerto de aguas profundas de Mirgor. Una preocupación global.
MOTOSIERRA Y LICUADORA
Algunos manifestantes contra el recorte de fondos para la Educación todavía podían ver en la publicidad de vía pública un llamativo cartel que promovía una oferta de la marca Philco.
«Motosierra y Licuadora. O sea, digamos, una promo», reza el cartel de fondo negro. La marca del grupo Newsan regalaba la licuadora con la compra de una motosierra. El cupo era mínimo, unas 40 unidades. Una creatividad arriesgada, dado que sumó el slogan de recorte fiscal y de disolución de los ingresos de la mano de la inflación y congelamiento de los sueldos con la cual el gobierno de La Libertad Avanza conceptualizó su política. Junto con la muletilla coloquial del Presidente: los dubitativos O sea… digamos. Tanto Milei como su vocero Manuel Adorni festejaron en las redes la original campaña publicitaria.
«Motosierra y licuadora», una insólita promoción de la marca Philco
Sin embargo, en el fondo hay una historia no terminada con idas y venidas de las autoridades sobre el régimen fueguino. En 2022, Milei, alineado con la política de apertura y liberalización comercial, despotricaba como diputado contra los beneficios y el “curro” de Tierra del Fuego.
En enero, después de haber emitido su megadecreto de necesidad y urgencia, el Gobierno envió al Congreso su malograda “Ley ómnibus” destinada a la refundación del Estado y la desregulación de la economía. Sin embargo, la proclamada eliminación del régimen de promoción, esperada por la industria y por toda la política, brillaba por su ausencia. Poco después, el propio Milei se expresó asegurando que los beneficios continuarían. Puntualizó en marzo que las empresas tenían derechos adquiridos, y empezó a “tirar la pelota a la tribuna” asegurando que había que reducir impuestos a la producción en todo el país. Sin embargo, el Gobierno, ahora, pudo haber cambiado el discurso. En una entrevista con Radio Rivadavia, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el régimen está en la mira del Presidente.
«Es un sistema que beneficia a unos pocos, no digo que no beneficie a Tierra del Fuego en su conjunto porque hay mucho trabajo local», aseguró el ministro, que reiteró que existen «una serie de derechos adquiridos que son muy complejos de volver atrás». «Hay una situación de tensión por los beneficios del régimen con otros gobernadores que en algún momento deberemos resolver. No tenemos las mayorías parlamentarias, pero vamos a intentarlo», adelantó Francos.
Y precisó que el Presidente «sabe que es una situación de privilegio que hay que reencauzar de alguna manera», aunque aclaró que no puede resolverse por decreto.
Otra espada mileista, el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, apuntó al corazón del régimen.
«Acá la manera de hacerte millonario en la Argentina es una gran cagada para el país porque es una manera prebendaria, corrupta, de negocios truchos como Tierra del Fuego», dijo Espert. «¿Hasta cuándo vamos a promocionar Tierra del Fuego?», se preguntó el diputado. «A los habitantes de Tierra del Fuego les iría mucho mejor de lo que les va sin la promoción industrial que con la promoción industrial», aseguró.
La cuestión del empleo es una de las cruciales para la definición estratégica. Hoy el 75% del valor de la producción de Tierra del Fuego está focalizada en la electrónica. El empleo estuvo en el foco de la política definida en los ’70: gobernar es poblar, y para poblar, emplear.
De acuerdo con Fundar, la provincia es hoy la que tiene mayor proporción de empleo industrial por habitante y mayor participación del empleo industrial en el empleo asalariado privado en Argentina.
Empleo, geopolítica y motosierra.
