La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este lunes una asignación general de derechos especiales de giro (DEG) por US$ 650.000 millones, que serán distribuidos el 23 de agosto, al tiempo que el Gobierno nacional giró al organismo US$ 345 millones, en concepto de un pago de intereses por el programa de US$ 45.000 millones acordado entre 2018 y 2019.
«La asignación de DEG beneficiará a todos los miembros, abordará la necesidad mundial de reservas a largo plazo, generará confianza y fomentará la resiliencia y la estabilidad de la economía mundial. Ayudará particularmente a nuestros países más vulnerables que luchan por hacer frente al impacto de la crisis de COVID-19 «, dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
La asignación general de DEG entrará en vigor el 23 de agosto y los nuevos fondos se acreditarán a los países miembros del FMI en proporción a sus cuotas existentes en el Fondo.
Dado que la Argentina tiene el 0,67% de la cuota del FMI le corresponderá recibir unos US$ 4.355 millones.
«Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI. Continuaremos participando activamente con nuestra membresía para identificar opciones viables para la canalización voluntaria de DEG de los países miembros más ricos a los más pobres y vulnerables para apoyar la recuperación de la pandemia y lograr un crecimiento resistente y sostenible», afirmó Georgieva.
La expectativa del Gobierno nacional es usar parte de esta asignación para cancelar al menos una porción de los compromisos con organismos internacionales.
En ese sentido, la Argentina realizó el pago al FMI de la última cuota de intereses antes de que comiencen los pagos por el capital adeudado que, según el cronograma firmado por la administración del expresidente Mauricio Macri, incluyen giros por US$ 3.822 millones en dos cuotas de US$ 1.911 millones cada una, previstas para septiembre y diciembre.
«Argentina no tiene la capacidad de pago para hacer frente a la deuda con el FMI por eso necesita más tiempo«, dijo ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con C5N, sobre el por qué de la búsqueda del Gobierno de un nuevo acuerdo con el organismo multilateral.
En ese sentido, los pagos fijados con el organismo incluyen, para este año, una cuota de intereses por US$ 399 millones en noviembre y, para 2022, pagos por US$ 738 millones por capital en enero y US$ 379 millones por intereses en febrero, según datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación.
Sin embargo, el grueso de los compromisos con el FMI comenzarán a caer a partir de marzo cuando se sucedan pagos por US$ 18.224 millones hasta final de año, US$ 17.330 millones en concepto de capital y US$ 894 millones de intereses.
El ministro Guzmán había manifestado ayer que el país enfrenta «una carga de deuda enorme que el gobierno de Juntos por el Cambio tomó entre 2018 y 2019. (Fueron) 45 mil millones de dólares que no se utilizaron para nada que tenga que ver con aumentar la capacidad productiva de la Argentina; se utilizaron para pagar deuda insostenible a acreedores privados, en lugar de reestructurar esa deuda, y en financiar la salida de capitales».
Finalmente, el organismo financiero multilateral consideró que «una opción clave es que los miembros que tienen posiciones externas sólidas canalicen voluntariamente parte de sus DEG para ampliar los préstamos para los países de bajos ingresos a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PRGT) del FMI.
El apoyo en condiciones favorables a través del PRGT actualmente no tiene intereses. El FMI también está explorando otras opciones para ayudar a los países más pobres y vulnerables en sus esfuerzos de recuperación.
Se podría considerar un nuevo Fideicomiso de Resiliencia y Sustentabilidad para facilitar un crecimiento más resiliente y sustentable a mediano plazo».
