El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York que rechace la solicitud de los fondos Burford Capital y Eton Park de embargar activos de YPF para cobrar el fallo judicial que obliga a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares.
La postura del Departamento de Justicia se basa en la inmunidad soberana, alegando que la orden de “rotación” de las acciones de YPF violaría normas de inmunidad soberana estadounidenses. Esto representa un respaldo a la posición argentina en esta etapa del proceso.
Este pronunciamiento llega tras la reciente victoria electoral de Donald Trump, lo que podría influir en futuras relaciones entre ambos países. Según Sebastián Maril, analista del caso, esta intervención del gobierno estadounidense era esperada y busca evitar que la situación sienta precedentes para embargos similares en el futuro.
De esta manera, Estados Unidos protege a sus propios activos soberanos de posibles represalias en casos similares en el extranjero.
La disputa por la expropiación de YPF en 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, ha sido compleja. Los demandantes alegan que Argentina violó el estatuto de YPF, que exige una oferta pública de adquisición (OPA) cuando se adquiere más del 15% de las acciones.
En aquel momento, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, argumentó en el Congreso que cumplir con esa cláusula sería “estúpido” desde el punto de vista financiero del Estado, lo que fue citado como justificación por los demandantes y la jueza Preska en el falló.
Mientras el fallo de 16.000 millones de dólares aún está en proceso de apelación en el Segundo Circuito de Nueva York, Burford y Eton intentaron asegurarse el pago solicitando el embargo de un tercio de las acciones de YPF.
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Argentina, en respuesta, se negó, argumentando que esos activos están registrados en Buenos Aires, fuera de la jurisdicción de Nueva York. La Procuración del Tesoro contactó a la administración Biden para informar sobre las implicancias del caso y la potencial extraterritorialidad de una decisión judicial estadounidense sobre activos soberanos en otras jurisdicciones.
En septiembre, el Departamento de Justicia pidió tiempo para evaluar su posición sobre el caso, lo cual quedó oficializado con su pronunciamiento de rechazo a la orden de embargo este 6 de noviembre, un día después de las elecciones estadounidenses.
