El Gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los próximos aumentos para las tarifas de luz y gas, con la mira puesta en reducir los subsidios y alcanzar el objetivo fiscal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se habría comprometido con el organismo a aplicar subas del 200% en el servicio de luz y del 150% para el gas, los cuales se aplicarían desde febrero y tendrían actualizaciones mensuales.
Según la directora del FMI, Kristalina Georgieva, el Gobierno lleva adelante un “ambicioso plan de estabilización” centrado en “el establecimiento de un ancla fiscal fuerte que ponga fin a todo financiamiento del gobierno por parte del Banco Central”.
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“El logro de un superávit fiscal primario de alrededor del 2 por ciento del PIB este año se sustentará en una combinación de impuestos temporales relacionados con las importaciones y el fortalecimiento de los impuestos a los combustibles, junto con esfuerzos para racionalizar los subsidios a la energía y el transporte, los costos administrativos y las políticas de menor prioridad de gastos discrecionales”, explicó.
Además, advirtió que se está reforzando la asistencia social para ayudar a los sectores más vulnerables y “salvaguardar el valor real de las pensiones”. “Con el tiempo, se prevén medidas fiscales de mayor calidad para lograr mejoras estructurales en los ingresos y el gasto y asegurar la consolidación y una distribución más equitativa de la carga”, reveló.
Esto fue confirmado en el marco de la aprobación del Directorio del FMI a la séptima revisión del acuerdo por la renegociación de la deuda, por el cual se otorgará un desembolso de US$ 4.700 millones “para atender las necesidades de balanza de pagos y apoyar las medidas en marcha y los firmes compromisos de las autoridades para restablecer la estabilidad macroeconómica”.
Desde el organismo señalaron que “las metas clave del programa previstas para fines de diciembre de 2023 no se habían alcanzado por amplios márgenes debido a graves desvíos de la política económica”, por lo que se aplicó una dispensa por incumplimiento. También hubo dispensas por “la adopción de medidas temporales que dieron lugar a la introducción o intensificación de restricciones cambiarias y prácticas de tipos de cambio múltiples”.
En ese sentido, los objetivos fueron modificados “en función de los ambiciosos planes adoptados para volver a encarrilar el programa y restaurar la estabilidad macroeconómica”, por lo que se prorrogó el acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2024 y se recalibraron los desembolsos previstos.
Georgieva, cuestionó “las políticas inconsistentes del gobierno anterior” que generaron “desequilibrios y distorsiones”. su vez, destacó que Caputo “está tomando medidas audaces para restaurar la estabilidad macroeconómica y comenzar a resolver los impedimentos de larga data al crecimiento”.
El FMI advirtió que es posible que el Gobierno está tomando medidas para “resolver el desproporcionado saldo de deuda comercial y crear un sistema de importaciones más transparente”, a la vez que se comprometió a eliminar el cepo “en el corto plazo”.
Sin embargo, lanzó una advertencia para el presidente Javier Milei: “Será esencial una formulación de políticas ágil y planificación de contingencias, y es posible que se necesiten medidas adicionales para asegurar los objetivos del programa y restaurar la estabilidad de manera duradera. Sigue siendo imprescindible una comunicación clara y una asistencia social bien orientada, así como esfuerzos continuos para generar apoyo social y político para el programa”.
