Por Mariano Leira
Exactamente el 29 de abril, la Universidad Torcuato Di Tella difundió su prestigioso Índice de Confianza en el Gobierno, insumo para el análisis político de consultoras, referentes internacionales y pieza de consulta que alimenta el monitoreo minuto a minuto de la tolerancia a la motosierra y licuadora por parte de la Casa Rosada.
Después de haber “domado”, como los jóvenes libertarios denominan a los mandobles mediáticos oficiales sobre opositores y a “la casta”, en las elecciones y en las encuestas de imagen y popularidad de Javier Milei, este ICG mostraba un quiebre. El indicador reflejaba una caída en la percepción del Gobierno de 4,4%. El nivel de confianza era 9,9% menor al de la medición de abril 2016 al inicio del gobierno de Mauricio Macri, y 25,4% menor al de la medición de abril 2020, cuando amanecía la gestión de Alberto Fernández. Señal de alarma.
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Para una administración sin peso específico propio en el Congreso, que con “tropa prestada” logra agrupar 37 diputados y apenas 7 senadores, sujeta a indeseados acuerdos políticos con representantes de “la casta”, la imagen pública es todo. Pero la tendencia que los analistas de la Escuela de Gobierno de la Di Tella proyectaban que estos datos estaban destinados a tener impacto.
Un mes después, a fines de mayo, el quiebre se había sentido ya por varias semanas en los mercados, el territorio más amigable con la disruptiva administración de Javier Milei. Después del rally de los activos argentinos que se había iniciado con fuerza todavía en el último tramo del gobierno peronista de Alberto Fernández, se detenía casi en seco. Durante mayo, las ganancias de 2024 se reducían a la mitad. Algo había que hacer, y se hizo. Amanecía el territorio cenagoso de la política, donde Milei y los suyos juraban no abrevar.
Al cierre de esta edición, se veía tal vez la culminación de un proceso que amaneció en ese abril de la mano de esas encuestas, y que no está exento de nuevos capítulos.
LA BISAGRA
En abril habían pasado cinco meses desde la asunción de Javier Milei. Hacían efecto una brutal devaluación de la moneda, una caída inédita del poder adquisitivo de la población, se ponía en marcha un ajuste de tarifas de servicios públicos nunca visto y las provincias lloraban el recorte drástico de los giros de la administración central. El ahorro en las jubilaciones fue el pilar fundamental del ajuste fiscal y la actualización de los beneficios no compensaba ni la mitad del aumento de los precios. Las facturas de los servicios de la medicina prepaga, recuperaba en un mes años de atraso y sumaban la inflación. Impagable.
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En paralelo, el Senado había rechazado el DNU 70 y había fracasado también, por impericia, el tratamiento de la Ley Bases en la Cámara de Diputados. Se gestaba un malestar con el recorte de fondos a las universidades que haría eclosión días después en una de las tres mayores protestas de masas de la historia argentina.
Era tiempo de cambios. En lo que va del primer semestre de la gestión de Javier Milei, amanecía un punto de inflexión que semana a semana empezaría a virar hacia un “realismo gradualista”. Tocó tierra libertaria la conciencia de la política como canal para la instrumentación de una voluntad social, hacía sentido en este grupo dominado por la razón técnica y el ideal de un liberalismo extremo, jamás probado ni exitoso en la gestión de los estados.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió, primero, dar marcha atrás con el ímpetu desregulador que dejó abierto el aumento de los precios de los servicios de medicina prepaga. Mandó parar, empujó una denuncia por cartelización y acusó a los empresarios por sus “conductas, no por sus precios”, indicó.
Enseguida, decidió que el recorte y eventual desaparición a los subsidios que se aplican a la energía podían esperar un poco. El impacto en los bolsillos, pero sobre todo en los índices de inflación, requerían frenar un poco.
“Se nos fue la mano”, reconoció Milei. “Nos decían que no podíamos cortar más de 1% del PBI por año, nosotros queríamos llegar a 5% en 2024 y ya cortamos 7%… nos pasamos…”, admitió. En el camino, se logró frenar una parte de la inercia inflacionaria, merced al ajuste en el ingreso de los jubilados, el recorte de los giros de fondos a las provincias, el congelamiento de los presupuestos de la administración nacional. Emergió un superávit fiscal que habilitó un colchón de recursos.
Caputo pudo anunciar que algunos de los aumentos de tarifas –la contrapartida de los recortes de los subsidios- previstos para abril, mayo y hasta junio podían esperar. “No queremos cargar las espaldas de la clase media”, explicó el ministro. A fines de mayo, el Gobierno retomó la agenda que a mediados del invierno podría volver a sensibilizar los bolsillos.
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De a poco, la política traía de regreso la “Doctrina De Vido”: Néstor Kirchner, a partir de la pesificación de las tarifas después del estallido de la convertibilidad en 2002, y más avanzado su gobierno y el de Cristina Kirchner, produjo un atraso en las tarifas eléctricas, con el objetivo declarado de no trasladar el peso del ajuste de los precios de los costos en dólares al consumidor final y a las empresas. De ese modo, apeló a los subsidios del Tesoro y a desfinanciar al sistema de distribución eléctrica. Principales beneficiados fueron los sectores medios de la población de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que por entonces se mostraban esquivos a un presidente como Kirchner que había surgido con una minoría de 25% de los votos. Julio De Vido había sido ministro de Planificación, a cargo de la política energética, de Néstor Kirchner.
El Gobierno, finalmente, había mordido la manzana del “gradualismo” que el libertarianismo y el ala dura de la derecha sindica hoy como causa del fracaso de Mauricio Macri en el mandato de Cambiemos.
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En ese tren, ahora se impulsaba una recomposición de los haberes previsionales, que de todos modos no lograron recortar la pérdida de la inflación acumulada desde diciembre y en el primer trimestre pero que traía algo de dinero al bolsillo de los jubilados.
Y el fracaso legislativo imponía un toque de realidad para el problema de los argentinos –el dominio de la casta, desde la óptica libertaria- y un cambio en la tesitura frente al Congreso, esa tribuna de lo antiguo.
SOSTENIBILIDAD
Si bien las cifras del ICG de la Di Tella muestran que el apoyo a la gestión en los primeros meses es inferior, por ejemplo, del que gozó Macri o el propio Alberto Fernández, la base de sustentación política del oficialismo es la imagen pública. En la actualidad, niveles de imagen positiva del presidente que oscilan en el 56% y subiendo son la primera fuerza de la Libertad Avanza en el nuevo tejido político.
Mientras tanto, el contundente recorte fiscal, la desaceleración inflacionaria y la gestión en materia monetaria del Banco Central generó una reputación internacional inédita en las últimas décadas para el país. El FMI vino en auxilio. Cuestionó aristas sociales y técnicas del ajuste fiscal, pero bendijo la marcha del plan económico, que se alinea en lo esencial con sus preceptos de orden económico… y repago de la deuda.
Hay pocos recursos en el país, sobre todo por el ajuste en la economía real. De acuerdo con la última encuesta de la UIA entre 1200 empresas en la primera quincena de mayo, el 53% enfrentó caídas de la producción, 60% en las ventas, 37% en las exportaciones y 24% deterioro en el nivel de empleo. La situación alcanzó a todos los segmentos de empresas, con especial impacto en el entramado PyME.
Aunque el 62,1% cree que va a estar mejor en el próximo año, el 58,4% está peor que un año atrás, el 77,2% percibe que su sector empeoró y el 67,2% ve que el país retrocedió en el último año.
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Y en materia fiscal, sostén de estabilidad desde la mirada del Gobierno, asegura la Fundación Capital que el equipo económico afronta dos riesgos. Uno es, precisamente, la tasa de riesgo país, que impacta en el costo de la deuda cuando en 2025 habrá vencimientos abultados. El otro, la necesidad de mantener los números fiscales sustentablemente sin déficit, sin apelar a maniobras contables o a postergaciones de pagos.
“Esto incluso considerando la aprobación del paquete fiscal en el Congreso. En efecto, el ajuste en los primeros cuatro meses del año fue de 1,13 puntos del PBI y, con supuestos optimistas, el paquete fiscal aportaría 0,65 puntos, todo esto frente a 4,6 puntos de reducción del déficit necesarios para alcanzar la meta anual”, precisa Carlos Pérez, el director de la Fundación.
“Para migrar hacia una consolidación fiscal más sustentable, es preciso lograr pasar leyes por el Congreso. En esta dirección, las autoridades continúan negociando modificaciones en el Senado del paquete fiscal que incluye cambios en el impuesto a las Ganancias, en el monotributo, en Bienes Personales y un blanqueo de capitales”, opinó.
¿Alcanza? No es suficiente, pero sí necesario, acota el titular de la Fundación Capital.
Para avanzar en el esquema económico, la sostenibilidad fiscal, el control de la inflación y, en definitiva, la posibilidad de eliminar el cepo cambiario, la clave está en la decisión de los legisladores de aprobar la Ley Bases y el acuerdo fiscal. En concreto, el equipo económico necesita el blanqueo de capitales, y la recaudación anticipada del Impuesto a los Bienes Personales.
Desde la perspectiva de los inversores, las idas y venidas con el levantamiento del cepo cambiario, así como la imposibilidad por el momento para establecer un marco fiscal duradero y la imposibilidad de asegurar qué sucederá con sus fondos “enterrados”, es una traba de magnitud.
Los bonos de la deuda han reflejado ese punto de inflexión. Y si bien habían pasado de cotizar a una paridad del 25% antes del triunfo de Javier Milei en la primera vuelta a un techo del 60% en abril, durante mayo habían perdido hasta 15% de valor.
Hans Humes, dueño del fondo de inversión “mejor amigo” de la Argentina lo grafica bien. El titular de Greylock Capital Management, sostuvo al cierre de esta edición de Newsweek que “al principio del gobierno de Milei, el mercado tal vez tenía demasiado optimismo. Los bonos subieron como 15 puntos, un 50%, y ahora vemos que los precios se están cayendo, hemos perdido la mitad de esa ganancia, pero eso yo creo que es sobrepesimismo –indicó-. Necesitamos ver al menos meses, sería preferible tener años de estabilidad. Racionalizar la economía para que puedan entrar inversiones directas. Necesitamos ver que se pueden tomar decisiones lógicas, tranquilas, que hay apoyo en el Congreso y de la población”, agregó. A propósito, uno de los asesores de Humes para la región es el ex ministro de Economía, Sergio Massa.
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Las dificultades políticas del Gobierno, que se había planteado en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso llegar a la aprobación de la ley de Bases y luego a la firma del pacto de Mayo en Córdoba con todos los gobernadores en torno a diez puntos básicos, se hizo cada vez más evidente en el último mes.
“Para las perspectivas del programa económico, los fundamentos muestran señales de alerta, que eran compensadas por un clima de negocios, un sentiment, marcadamente positivo”, explican en MegaQM, una gestora de fondos líder en la plaza.
“Ese sentiment ha empezado a complicarse, donde la falta de avances legislativos parece ser el factor central. En ese marco, la economía parece estar necesitando avances en los dos temas centrales que están pendientes para lograr revertir el clima de mercado y volver al sentiment positivo que es necesario para que se siga consolidando el escenario monetario y financiero”, agregaron.
QUÉ SE DISCUTE
En el Congreso, la Ley Bases y el paquete fiscal contiene otras claves. El nuevo impuesto a los Ingresos, por ejemplo, pieza esencial para la recaudación y para refinanciar a las provincias, está sujeta a tironeos de las condiciones en distintas provincias. Las del sur, que esperan exceptuar los regímenes del sector petrolero y también que no castigue los salarios de actividades mejor pagas por condiciones desfavorables. La demanda va en detrimento de las provincias del norte del país, que apuntan a reponer el impuesto rápidamente para agilizar la llegada de recursos caídos con la motosierra Milei.
También hay controversias con el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Los mayores impulsores son las provincias petroleras y mineras. En el mismo sentido, las grandes empresas de esos sectores. Neuquén es el caso prototípico de provincia “pro-RIGI”, ya que cuenta con los atractivos promocionales que estarían vigentes para emprendimientos por sobre los US$ 200 millones, como lo insumen la mayor parte de los emprendimientos de monta en la formación de Vaca Muerta.
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El presidente de YPF, Hugo Marín, ya ha dicho que se necesita la ley para llevar adelante la inversión más relevante del sector, la planta de licuefacción de gas. La planta de GNL –siglas de gas natural licuado- se trata de un emprendimiento que la petrolera controlada por el Estado procura realizar con la malaya Petronas, con un costo, sólo para la primera etapa, de entre US$ 5.000 millones y US$ 6.000 millones. Permitiría soportar la industria de la exportación de gas licuado, con recursos ya disponibles en Vaca Muerta.
Del lado contrario, tanto la Unión Industrial Argentina como las pymes de CAME respaldan los aspectos laborales, tanto de las reformas en la Ley Bases que se discuten, como las cláusulas incluidas en el RIGI. Pero cuestionan los privilegios que tendrían empresas extranjeras para importar sin limitaciones productos terminados, y en algunos casos hasta personal en situación desigual con las empresas ya instaladas en el país.
INVERSIONES
Desde la perspectiva financiera, el problema de la política tiene un rol destacado. Augusto Poslesman, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), uno de los principales traders de bonos, apunta al impacto y a las perspectivas de la política en el curso económico.
“Los ruidos políticos, más que los económicos, son hoy lo que más pesan en el mercado. Toda la expectativa está puesta en la Ley Bases, en lo que esta representa de llegarse a un acuerdo: la capacidad política y el pragmatismo del Gobierno”, asegura. “Todos sabíamos que este iba a ser el principal desafío de Milei. Los inversores, especialmente los de afuera, están evaluando la cintura política del Gobierno”, sentencia.
“Generar confianza es fundamental para eventualmente volver a salir al mercado de capitales.; y si bien aún no están dadas las condiciones, si el Gobierno sigue mostrando una buena política fiscal, con una baja sostenida de la inflación y sale la Ley, podría suceder tranquilamente”, concluyó Polesman.
El parate que implicó para el Gobierno no lograr pasar una ley por el Congreso en más de seis meses de gestión, la desconfianza del mercado en la capacidad de gestionar política y el límite de las reformas sin mandato legislativo también se “llevó puesta” a la conformación original del Gobierno. La salida de Nicolás Posse y el rediseño del esquema de poder, llevó a la jefatura de Gabinete, es decir, a la conducción formal del Estado, a convertirse en el principal negociador y articulador con el Congreso. En esa demanda, crece la figura de Guillermo Francos.
Caballero de mil monturas legislativas de la derecha del dial político, su trayectoria no le impidió ser funcionario del kirchnerismo ni trabajar en las empresas de Eduardo Eurnekian, donde se conoció con su antecesor Posse y con el propio Milei.
El diálogo, la conversación, la negociación, en fin, la política se hará cargo. Los mercados festejan.
