El Gobierno cambia de postura e inicia una guerra contra las prepagas. Luego de desregular los precios y permitir que las empresas definan sus propios aumentos, ahora se preparan para pedir una cautelar para retrotraer los precios.
El Ministerio de Economía analiza presentó una denuncia contra las prepagas ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, acusando una presunta “cartelización”.
A esto se suma que trabajan en un pedido de cautelar, con la mira puesta en retrotraer los valores de las cuotas a enero a febrero.
La decisión fue tomada luego de que el ministro Luis Caputo acusó a las empresas del sector de declararle una “guerra a la clase media”. “Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, enfatizó a través de sus redes sociales.
Prepagas: el Gobierno inicia una investigación para saber si hubo «cartelización»
Hace unos días, desde la Superintendencia de Servicios de Salud adelantaron que evaluaban una serie de medidas para denunciar “presuntas prácticas abusivas” en la medicina prepaga.
En sus redes sociales, la entidad mencionó que según un relevamiento “en los primeros cuatro meses del año, las principales prepagas del país aumentaron los valores de sus cuotas prácticamente en la misma cantidad y casi el doble de lo que indica el índice de inflación en el mismo período”.
“Este organismo tiene claro que muchas empresas con el gobierno anterior tenían un acuerdo de no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios otorgados. El problema es que ahora cobraron lo que no quisieron cobrar los últimos años, atentando contra la clase media y hasta destruyendo el propio sistema de salud del cuál son parte”, reclamaron.
Al respecto, criticaron que “una cosa es la libertad que les dio el gobierno para fijar los precios que consideren y otra, muy distinta, es haber establecido valores extremadamente altos y continuar haciéndolo, con el fin de cubrir las diferencias que surgieron por los acuerdos con la última administración”.
Además, remarcaron que los aumentos “no pueden ni deben ser consensuados por las distintas empresas que componen el mercado”, dado que “ello atenta contra la libre competencia que promovemos”.
