El presidente Javier Milei derogó el decreto que regulaba los precios de las tarifas de internet, cable y telefonía, y ahora serán las empresas las que definan los nuevos precios de los servicios.
La medida fue oficializada a través del decreto 302/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el cual dejó sin efecto el decreto 690/20 firmado por el expresidente Alberto Fernández en la pandemia.
La nueva normativa sustituye el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078, que ahora establece que “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
“En atención al interés público comprometido propio de la naturaleza de los servicios de TIC, resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, expresaron en el documento.
Desde el gobierno remarcaron que el decreto de Alberto Fernández introdujo “importantes modificaciones permanentes”, como la regulación de los precios de internet, cable y telefonía, los cuales fueron declarados servicios públicos esenciales.
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En ese sentido, consideraron que se trata de “una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados”.
“Ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”, agregaron.
De esta forma, justificaron que estos servicios “han sido creados en competencia”, y que es “una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”.
