El presidente Javier Milei vetó la nueva fórmula jubilatoria aprobada por el Congreso. Tal como lo había adelantado, rechazó de forma completa la normativa que establecía un aumento en los haberes.
Lo hizo a través del decreto 782/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del mandatario y de su Gabinete de ministros.
El proyecto establecía la actualización de las jubilaciones de forma mensual según la inflación medida por el INDEC; una recomposición del 8,1% de la inflación de enero de 2024; un aumento anual del 50% según la variación del RIPTE por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); y que los ingresos totales no sean inferiores a la canasta básica multiplicada por 1,09, entre otros puntos.
Desde el Gobierno consideraron que el proyecto de ley sancionado “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, a la vez que “tornaría imposible cumplir con las metas fiscales” de déficit cero.
Al respecto, remarcaron que el Presupuesto para el 2024 “no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada”.
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Señalaron que implicaría un “gasto adicional” de $6.160.000.000.000 para este año y de $15.430.000.000.000 para el 2025, lo que equivale a 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso y de 1,64% para el año entrante.
“Dar cumplimiento a la medida sancionada dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas […] ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”, afirmaron.
También cuestionaron que “el proyecto de ley sancionado padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”.
“En virtud de todo lo expuesto, además de tener un gran impacto negativo en la actualidad, la promulgación del proyecto de ley remitido afectaría los derechos y oportunidades de las próximas generaciones, dado que aumentaría en forma significativa e irresponsable el gasto del Estado Nacional sin la correspondiente generación de recursos”, arremetieron.
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