El Gobierno nacional dio lugar a los pedidos del Senado y aceptó hacer cambios en el paquete fiscal que acompaña a la Ley Bases, con el objetivo de que ambos proyectos puedan ser aprobados.
El documento, que obtuvo la firma del dictamen de mayoría y espera a ser tratado en el recinto, tendrá algunas modificaciones, motivo por el cual deberá ser debatido nuevamente por Diputados si recibe los votos positivos en la Cámara Alta.
Dentro de las modificaciones, se tocaron los artículos que corresponden al impuesto a las Ganancias, monotributo, Bienes Personales, el blanqueo de capitales y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
En el caso de Ganancias, el proyecto establece que el mínimo sería de $1,8 millón para solteros y $2,3 millones para casados. Además, podrán deducir los intereses hipotecarios “hasta el tope de la Ganancia no imponible”, que es de $3,091 millones.
Por otro lado, introduce un diferencial para los trabajadores de la zona patagónica, ya que los gobernadores reclaman que el costo de vida es más alto. Para ellos, las deducciones “se incrementarán en un 22%”.
Con respecto al , el cambio será en que se mantiene la figura del monotributo social, el cual no aparecía en el documento original. También habrá una actualización en los topes de facturación y las cuotas a pagar en todas las escalas.
El blanqueo de capitales como principal cambio que no podrán acceder los hermanos y parientes de primera y segunda línea de funcionarios, como tampoco los exfuncionarios que hayan estado en la gestión hasta 10 años antes.
Tampoco se podrán blanquear criptomonedas en el exterior; mientras que los inmuebles de sociedades sólo podrán incluirse si estaban declarados por la sociedad.
Sobre Bienes Personales, se estableció una suba del 20% en las alícuotas para quienes sean beneficiados con el blanqueo.
Por último, el polémico RIGI habilitará a las empresas nacionales accede que sean proveedores de quienes inviertan bajo este régimen a acceder a los beneficios.
Las provincias también tendrán la autonomía de no adherirse al régimen de grandes inversiones, aunque deberán hacerlo expresamente.
