Un informe de la Fundación Libertad y Progreso reveló que en enero de 2025 las empresas públicas registraron un superávit operativo de $140.009 millones, el más alto desde octubre de 2008. Según el análisis, para encontrar un saldo positivo de magnitud similar es necesario remontarse a ese año, cuando el superávit operativo ajustado por inflación alcanzó los $163.066 millones.
El estudio, basado en datos del Ministerio de Economía y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), muestra que la tendencia favorable en los balances de las empresas estatales comenzó a observarse en los últimos meses de 2024. De hecho, en octubre y noviembre del año pasado se registraron resultados superavitarios, y en tres de los últimos cuatro meses las cuentas operativas de estas compañías cerraron con números positivos.
Desde una perspectiva histórica, el informe destaca que, previo a los resultados de octubre de 2024, el último superávit operativo de las empresas públicas databa de noviembre de 2009. Esto implica que durante casi 15 años, equivalentes a 179 meses consecutivos, las empresas estatales operaron con déficit.
El análisis abarca la totalidad de las empresas públicas, incluidas las ocho que fueron declaradas sujetas a privatización total, parcial o concesión dentro de la Ley Bases impulsada por el gobierno.
En términos acumulados, el déficit operativo de las empresas públicas en 2024 se redujo en un 39,1% respecto al registrado en 2023, alcanzando los $3.205.601 millones a valores constantes, lo que equivale al 0,43% del PBI. De esta manera, el año pasado cerró con el déficit más bajo desde 2019, cuando se ubicó en $2.812.105 millones (0,39% del PBI).
El informe de Libertad y Progreso destaca que la presidencia de Javier Milei ha sido la que más rápidamente ajustó el déficit operativo de las empresas públicas, tanto en términos absolutos como en su impacto presupuestario. Siguiendo esta tendencia, se proyecta que en 2025 el déficit operativo continúe reduciéndose y que, en un escenario optimista, incluso pueda eliminarse. De concretarse, se trataría del mejor resultado para este sector desde 2011.
Otras gestiones
Según la fundación, entre el 2009 y el 2015, las pérdidas operativas se triplicaron, pasando de $824.634 millones a $3.044.725 millones, lo que representa un incremento del 242%.
Durante la gestión de Cambiemos (2016-2019), el déficit de las empresas estatales se mantuvo relativamente estable, con un promedio anual de $3.362.000 millones, en niveles similares a los de diciembre de 2015.
A partir de esto, el mayor déficit operativo se registró entre 2020 y 2023, bajo la administración de Alberto Fernández. En este período, las empresas públicas duplicaron sus pérdidas, alcanzando un récord histórico en 2022 con un saldo negativo de $5.885.757 millones a precios de hoy, equivalente al 0,8% del PBI.
Los economistas de la Fundación Libertad y Progreso remarcaron la importancia de continuar con las reformas en el sector. Eugenio Marí, economista jefe de la entidad, sostuvo que «lo primero que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de empresas públicas es si verdaderamente deben ser administradas por el Estado, con todos los vicios y riesgos que ello conlleva». Según Marí, «la realidad es que en la mayoría de los casos nos encontramos con que el sector privado puede proveer los mismos bienes y servicios con mayor calidad y a menor costo económico», en línea con lo que plantea la gestión.
Lautaro Moschet, también economista de la fundación, señaló que «es un buen indicio que las empresas públicas comiencen a mostrar mejores resultados». Sin embargo, advirtió que «es importante poner en perspectiva los números: el superávit financiero del Sector Público Nacional en 2024 fue del 0,3%, mientras que el resultado operativo de las empresas públicas fue deficitario en un 0,4%, una cifra equivalente a la recaudación conjunta de impuestos internos y Bienes Personales».
Por este motivo, Moschet afirmó que «la privatización de las empresas deficitarias y una mayor eficiencia del gasto en general no solo contribuirían a sostener el equilibrio fiscal, sino que también le permitirían al Gobierno avanzar en la reducción de impuestos».
Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, se pronunció sobre la necesidad de privatizar las empresas públicas. «Los gobiernos, cuando estatizan empresas o crean empresas públicas, siempre dicen que lo hacen para todos los argentinos. La realidad luego demuestra que los verdaderos beneficiarios son los políticos, los funcionarios, los gremios, los proveedores y amigos que parasitan y logran plata y privilegios de esas empresas públicas. Lo único que termina siendo de los argentinos es, justamente, la factura a pagar por las pérdidas».
En este sentido, Abram valoró la reducción del déficit de estas compañías, pero insistió en la necesidad de que el proceso avance hacia la privatización total. «El hecho de que el gobierno haya logrado que esa pérdida se diluya y desaparezca es una buena noticia, pero hay que privatizar esas empresas lo antes posible para que futuros gobiernos no vuelvan a utilizarlas como cajas», concluyó.
