Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), aclaró que «no es una novedad que viene aumentando la pobreza en Argentina, quizás si la novedad es que llegó a su techo».
En diálogo con Willy Kohan en Radio Rivadavia, explicó que eso significa que «habríamos pasado lo peor en el contexto de la situación de pobreza de Argentina durante el primer trimestre» e indicó: «Si lo hacemos comparativo, con la misma metodología, no habríamos llegado a los niveles más graves que se alcanzaron en el 2012, que estuvieron por arriba del 60%».
Sobre cómo se calcula el nivel de pobreza, detalló que «en principio es una medición de ingresos, pero tiende a blanquear lo que sabemos hace tiempo en Argentina que es el aumento de pobreza crónica, estructural que no se mide por ingresos y que tiene que ver con carencias en educación, salud, vivienda, hábitat, servicios urbanos».
En ese sentido, hizo hincapié en «que la pobreza estructural se correlaciona con el hecho de que el 50% del empleo en Argentina es un empleo no registrado, ya sea, asalariado o no asalariado» y añadió: «Se ha acumulado a lo largo de 20 años un régimen que no garantizó condiciones de inversión, de crecimiento y de demandas de empleo genuino».
«Estos datos dan cuenta de una pobreza natural que tiene la Argentina que no genera riqueza y no la genera porque no genera empleos productivos capaces de generar un proceso tanto de riqueza y producción como de progreso para las familias», subrayó.
«Si bien la pobreza estadísticamente está bajando en estos últimos dos meses en los que tendió a estabilizarse y a bajar levemente respecto del primer trimestre, tienden a empeorar los indicadores del empleo», advirtió y afirmó: «Incluso aunque baje la inflación por debajo del 5%, vamos a tener una situación estructural de pobreza crónica porque el 50% de los empleos son de muy baja calidad».
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Ante ese panorama, puso el foco en que «el fenómeno de la indigencia es el que ha crecido más durante este período» y desarrolló: «La pobreza, es en todo caso, un indicador estadístico de clases medias bajas que tienen carencias en materia de empleo y otras carencias que han hecho que baje su capacidad de consumo».
«Pero lo segmentos pobres, que no eran indigentes, como los sectores con trabajos informales con beneficios sociales, ese segmento se ha empobrecido más y ha aumentado los niveles de indigencia alrededor del 18%m casi duplicándolo en comparación al año pasado», alertó.
Argumentó que ese incremento se debe al «deterioro del empleo informal, el cual ha hecho que suba mucho más la indigencia».
Al ser consultado sobre el escándalo en los comedores populares a raíz de las denuncias contra piqueteros por extorsión a beneficiarios de planes sociales, sostuvo que «lamentablemente se derivó en un proceso donde las políticas sociales, en un marco de mucha heterogeneidad y desorganización, donde se creó un programa adicional, tanto en el gobierno de Cristina como en el gobierno de Macri, que fueron los programas de empleo como el Potenciar Trabajo que buscaba apoyar genuinamente el trabajo en cooperativas».
Sin embargo, «fue aprovechado por organizaciones políticas como un coto de caza para obtener ingresos y producir no solo un proceso de explotación de los pobres sino también de acumulación de poder y presión sobre los gobiernos».
«El Estado tiene que hacer políticas sociales sin mediaciones y coacción por parte de las organizaciones políticas y mucho menos sociales», afirmó y recalcó: «Son una herramienta del Estado y no puede ser el Estado una herramienta de poder».
También indicó que «se requiere mucha inversión de pequeñas y medianas empresas, no solamente grandes empresas, capaces de demandar empleo en los segmentos informales».
Y aclaró: «Ahora esto implica una política económica no es una política social porque es una política de empleo». Esta «puede acompañarse con una política de capacitación y formación para que esos recursos humanos estén disponibles», marcó.
«Y en el mientras tanto, yo creo que la labor del trabajo cooperativo puede ser muy útil pero tiene que estar bajo administración del Estado. No del Estado nacional tampoco bajo coordinación de Estados municipales que tiene que tener a las organizaciones sociales sin intereses políticos como apoyo a esa labor», explicó.
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