El Gobierno confirmó hoy que irá hacia adelante con la segmentación de los subsidios de energía con el objetivo de finalizar con el esquema «pro-rico» y así asistir a las poblaciones más humildes. De esta manera, en el tercer y último día de las audiencias públicas, que se llevaron a cabo esta semana, se discutió acerca de la división a la hora de que el Estado asista en el valor de la tarifa energética.
La audiencia fue liderada por el subsecretario de Planeamiento Estratégico de la Secretaría de Energía, Santiago López Osornio, quien sustituyó al secretario del área, Darío Martínez, que no asistió a ninguna de las tres instancias. Este jueves, Osornio mostró un estudio técnico en el que se basó para justificar la importancia de cambiar el cronograma actual de subsidios.
En ese sentido sostuvo que «tenemos un esquema uniforme para todos los usuarios, sin atender su realidad socioeconómica: así, un millonario recibe el mismo subsidio que un trabajador, un empresario recibe el mismo subsidio por metro cúbico de gas que un obrero» y agregó que «en consecuencia, decimos que es un esquema ‘pro-rico’.
«Sin embargo, creemos que hay margen para mejorar la eficiencia distributiva», remarcó y afirmó que «el objetivo es que aquellos sectores de mayor poder adquisitivo dejen de percibir la ayuda del Estado, para focalizarla en los sectores medios y más vulnerables».
Acorde con números de la Secretaría de Energía, el 50% de los clientes de mayor poder adquisitivo recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica, el sector de más ingresos destina el 0,9% de su entrada de dinero al servicio eléctrico y un 2,2% al de gas. En consecuencia, únicamente el 3% de ese dinero termina en el abono de la luz y el gas, debido a que, lo que resta es subsidiado por el Estado.
Frente a ese panorama, el funcionario precisó que «a este sector proponemos retirar gradualmente los subsidios, porque el pago del valor pleno de la tarifa no afectará su nivel de vida». A su vez, consideró que un «criterio eficiente» para la división es según el lugar en el que la persona vive y así clasificarlos en localidades con una importante cantidad de población en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En la actualidad, acorde con los datos oficiales, el Estado se hace cargo de alrededor del 75% del precio del gas y de la electricidad que se plasman las facturas de los clientes residenciales.
Por su parte, Claudio Bulacio, gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), indicó que esas compañías no fueron incluidas al hacer el esquema de segmentación. Sin embargo, apoyó la idea de direccionar los subsidios «a los sectores vulnerables». Por lo tanto, sostuvo que el proceso tiene que estructurarse acorde a un «proceso gradual y previsible, tanto para usuarios como para empresas». Por último, hizo hincapié en que las «tarifas justas y razonables» porque congelarlas «impacta en la calidad del servicio».
Fuente: www.noticiasargentinas.com
