Por Mariano Leira
El segundo semestre de 2023 se abrió como nueva temporada de una serie novelada de la historia argentina. Antes de que termine el año los personajes y acontecimientos terminarán de conformar el horizonte de un mediano plazo con un nuevo líder nacional encarnado en la Presidencia. Pero llegará con un Tesoro exhausto y obligaciones que, para contribuir a la trama de no ficción, se desconoce a ciencia cierta los esfuerzos sociales que demandarán.
En el primer capítulo de la sesion finale, el 30 de junio, el Gobierno peronista de Alberto Fernández, encabezado por su ministro de Economía y candidato oficialista a disputar la Presidencia, Sergio Massa, esquivó un default con el Fondo Monetario Internacional, el principal acreedor del país, cuando vencían US$ 2.700 millones.
Massa acababa de ser nominado para encabezar la fórmula presidencial. Ese éxito personal del ministro y líder de uno de los grupos peronistas oficialistas, le dio aire en una negociación ardua con el FMI. Por dos trimestres consecutivos, la economía argentina incumplió las metas de acumulación de reservas y de déficit fiscal que el propio Massa había renegociado con el organismo.
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Los mercados, y por extensión el Fondo Monetario Internacional, recibieron con satisfacción la fórmula propuesta por Unión por la Patria para competir en las primarias del peronismo.
“El mercado descuenta que el Gobierno va a cambiar y eso evidentemente trae cierta esperanza porque esta administración no ha hecho un buen trabajo, claramente», diagnostican en IEB, uno de los principales bróker financieros. “A corto plazo la elección de Massa trae calma al mercado por su relación con el FMI y porque potencialmente asegura una transición un poco más ordenada”, señalaron.
En sus primeras declaraciones como candidato, pero también como ministro, Massa anticipó la prioridad del próximo gobierno. “El próximo presidente tiene que tener la obsesión de tener un programa exportador para juntar todos los dólares que la Argentina necesita y no volver al Fondo”, dijo en un evento nutrido de empresarios.
Se quejó Massa de que la relación con el FMI implica “ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que explica la capacidad de repago de tu país. Tenemos que trabajar para generar riqueza, no para pagar deuda”, sostuvo.
Sin embargo, las cuentas hay que pagarlas ahora y el incumplimiento de los compromisos por parte de la Argentina estaban sobre la mesa.
“Ningún programa adecuado está escrito en piedra, todos los programas se pueden y se tienen que adaptar a las circunstancias. Cuando las circunstancias cambian, los programas se adaptan, particularmente cuando son circunstancias que no se deben al gobierno, como el caso de la sequía”, reconoce Héctor Torres, ex representante argentino en el FMI, ante la consulta de Newsweek.
Esa realidad es la que llevó a las negociaciones a prolongarse incluso al borde de poner a la Argentina como protagonista del mayor default de la historia del FMI. Solo Grecia incumplió con el organismo por 2.000 millones de euros, en 2015. Apenas unos 20 días. En el caso de que la Argentina no hubiera pagado US$ 2.700 millones, el costo no hubiera sido solo consecuencias comerciales y financieras como las del default de 2002. También hubiera tenido consecuencias sobre la estructura financiera global. El compromiso del Fondo con evitar un nuevo error con la Argentina y el principal préstamo otorgado en su historia juega a favor de un arreglo.
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Respetar los objetivos a los que se comprometió la Argentina para el primer trimestre del año, era condición necesaria para que el FMI desembolsara unos US$ 4.000 millones a mediados de junio para cancelar dos vencimientos por US$ 2.600 millones con el propio organismo a fines del mes.
La sequía, que pegó fuerte en el último trimestre de 2022, sustrajo a la economía argentina de recursos por unos US$ 20.000 millones de exportaciones de granos. En esa marea de dólares estaban contenidos los recursos para mantener viva la actividad, el delicado andamiaje social castigado por una inflación indomable, los pagos de los vencimientos con el Fondo y otros acreedores y, por supuesto, cierto alivio económico de cara a las elecciones de octubre.
LAS NEGOCIACIONES
El viceministro Gabriel Rubinstein y el jefe de Gabinete de Asesores de Massa, Leonardo Madcur bregaron por modificar el acuerdo sin ajustes fiscales adicionales. Pero también buscaron que el FMI adelantara los fondos correspondientes a todos los desembolsos previstos para este año del Crédito de Facilidades Extendidas.
La excentricidad argentina hace que el crédito del Fondo sirva para pagarle al propio FMI la deuda de US$ 45.000 millones, a cambio de la reprogramación de los vencimientos con el mismo organismo.
En total, Massa, Rubinstein, Madcur y también el titular del Indec y secretario de Asuntos Financieros Internacionales, Marco Lavagna, apuntaban a que el FMI adelantara US$ 11.000 millones. La cuenta que involucraba también los desembolsos correspondientes a parte de 2024.
Es que al revisar cómo se pagarían los US$ 2.700 millones de junio, el Gobierno encontraba en las reservas del Banco Central apenas el equivalente a US$ 1.700 millones en derechos especiales de giro (DEG, la moneda que utiliza el FMI), algo de oro, un crédito por US$ 18.500 millones en yuanes, la moneda china, y muy pocos dólares. Depende el cálculo del economista al que se acuda, las denominadas reservas netas estaban en un terreno negativo, que oscilaba entre los US$ 1.500 millones y US$ 2.000 millones.
EL NO AJUSTE
Mientras tanto, en el intento por contener la inflación, el Gobierno viene operando desde marzo en el mercado para mantener a raya la cotización de la divisa y evitar el traslado a los precios. Los pocos dólares en cartera los utiliza para abastecérselos a los importadores, de modo de evitar una mayor caída en la actividad por escasez de insumos.
El FMI se resistía a suministrar dólares a un Gobierno que utilizó las reservas para controlar una baja cotización del dólar. Es que el mecanismo utilizado por el Banco Central solo “quemaba” dólares a un valor debajo del mercado informal.
Por eso, sobre la mesa de negociaciones el Gobierno jugó fuerte con dos ejes centrales. El primero, anunciado por el propio Massa en medio de la corrida cambiaria de marzo, que no resignaría la facultad de intervenir en el mercado para controlar a la divisa. El FMI ya había pasado por una crisis similar en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando le impedía a la Argentina intervenir en el dólar. La rebeldía del ministro de Finanzas, Luis Caputo, le costó su relevo del cargo.
El otro paso que el Gobierno resiste es una devaluación del peso, de forma tal de acomodar el descalce entre el dólar oficial, de $ 256 al que se realizan las importaciones, y que potencialmente es la que se traslada a la economía porque es la que fija el precio de los insumos. Del otro lado, en el mercado informal y los “dólares financieros” se cotiza en torno de los 500 pesos. La “brecha” es uno de los elementos de ficción y distorsión de la economía que queda como tarea desterrar tal vez para el próximo gobierno, pero que el FMI no quiere convalidar.
La entrega de divisas contantes y sonantes para verter en el mercado fue muy resistida por el Fondo. Con el correr de los días se sabrá si el Fondo accederá a que el Gobierno pueda utilizar parte de los recursos para el mercado.
Alejandro Werner, que fue el director del Hemisferio Occidental del FMI, y tuvo que monitorear el otorgamiento del stand by original al gobierno de Mauricio Macri, se alejó de la institución, entre otras razones por el fracaso del préstamo a la Argentina. Ahora desde la consultoría, Werner es escéptico al respecto.
“Es poco probable que el nuevo programa tenga recursos adicionales importantes para que la Argentina pueda utilizarlos para intervenir en el mercado cambiario –dijo Werner -. El FMI sabe que los presta a un programa que no tiene sentido y porque, además, tendrán un uso electoral”, advirtió.
La falta de sentido refiere a las metas incumplidas y a los compromisos por delante, que pueden exceder a la responsabilidad del actual Gobierno.
LA CUESTIÓN DEL DÓLAR
“Creo que después de haber sido tan fuertemente criticado por haberle concedido el crédito al gobierno de Mauricio Macri, (en el Fondo) no van a cometer el mismo error dos veces, de volver a ser acusados de que, por un interés político en este caso, que es evitar a toda costa una devaluación que todo el mundo sabe que está ahí, van a aumentar la deuda argentina para que el próximo gobierno vaya y le diga: “¡Ustedes no aprenden más!”. Dudo mucho que eso vaya a pasar”, considera Torres.
En todo caso, el Gobierno maneja un menú de opciones para mejorar el tipo de cambio. Fue variando con los días y se negociaba de qué modo estaría contemplado en la carta de intención que debe aprobar primero el staff técnico y luego el board de directores del FMI.
Entre las medidas, se manejaba una aplicación más generalizada de impuestos a la compra de dólares para la importación o la imposición de aranceles en determinadas franjas de productos. Sería una “devaluación” en la práctica, sin ese nombre, pero con sus mismos efectos. Apenas una “corrección cambiaria”.
Con idas y venidas, se evalúa también una nueva versión de “dólar soja” que, a cambio de una cotización especial, estimule la liquidación de exportaciones del campo. Agricultura había desechado ya un “dólar maíz” para aprovechar unos US$ 5.000 millones de esta producción.
Todo se trata de conseguir más dólares y no devaluar, o lo que es lo mismo, llevar la cotización a un valor de mercado compatible con la oferta de divisas.
“Se ha hecho del tema de mantener el tipo de cambio, un tema casi de honor y creo que están encerrados con esto porque no veo que el Fondo vaya a poder aceptar adelantar fondos para que se compren pesos -diagnosticó Torres-. A medida que el Gobierno o el ministro de Economía diga que se va antes de devaluar, cuando en realidad todo el mundo sabe que la devaluación está ahí, estamos entrando en una ratonera. Me preocupa mucho eso», agregó.
INTERVENCIÓN EXTRANJERA
Los negociadores argentinos abrazaron la tesis de la presión política sobre los países accionistas del FMI para lograr los desembolsos incondicionados a una devaluación o a un mayor ajuste fiscal. Así, Alberto Fernández, Massa y la Cancillería desplegaron recursos para afinar una aprobación concesiva del organismo en Washington.
Se aceleró un acuerdo con los países acreedores de la Argentina del Club de París –solo queda firmar la reprogramación con uno de los 15 países miembros.
Presidentes de Latinoamérica pidieron a Biden ayudar a Argentina ante el FMI
Seis presidentes de Latinoamérica enviaron una carta a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, el principal país accionista del FMI, para que apoye la negociación argentina del préstamo de Facilidades Extendidas. Lula da Silva, de Brasil; Luis Arce, de Bolivia; Gabriel Boric, de Chile; Gustavo Petro, de Colombia; Andrés Manuel López Obrador, de México y Mario Abdo Benítez, de Paraguay formaron parte de la movida Latinoamericana.
Finalmente, hizo fuerza con otro jugador de peso del otro lado del mundo: China fue destino de una visita de alto nivel de Massa. Ir a Shanghai y Beijing, le dio dos importantes perspectivas a la Argentina: la inserción de China en la comunidad financiera global, que obligaba a acordar con el FMI, y la tensión entre China y los EE.UU. La sensibilidad norteamericana al peso de la principal potencia oriental en la región latinoamericana podría ablandar resistencias remanentes en Washington.
LA CUENTA
Finalmente, el viernes 30 de junio, el Gobierno implementó una fórmula para no incurrir en un atraso formal con el FMI que hubiera arrastrado una serie de penalidades y parálisis en desembolsos de otros organismos internacionales. Nada más inoportuno en medio de un proceso de enfriamiento de la escalada inflacionaria y de control de las cotizaciones del dólar.
Por esa razón, el Gobierno se adentró en un pago sin tener confirmada la aprobación de los detalles de un nuevo acuerdo con el FMI. Tras hacer girar los US$ 2.700 millones, todavía, de hecho, no se había pulido la letra chica de las nuevas condiciones del organismo financiero internacional.
En medio de la caída de las reservas, Argentina le pagó al FMI con yuanes
Los negociadores argentinos sí lograron algo pocas veces visto en la historia del FMI: el uso combinado de DEG, yuanes y dólares para hacer el pago de los US$ 2.700 millones caídos en junio. El DEG es una moneda cuyo valor surge de cinco monedas: el dólar, el euro, renminbi o yuan, el yen japonés y la libra esterlina, las denominadas “monedas fuertes”. Esa canasta está integrada en un 12,28%. El Fondo admite la compra de DEG en yuanes.
El Tesoro argentino –quien es el que formalmente paga la cuenta de la deuda- le pidió al Banco Central un adelanto transitorio (que le emita pesos) para comprar DEG por US$ 1.700 millones. Ese “stock” de DEG forma parte de las reservas del Banco Central. Pero también, el Gobierno utilizó parte de esos pesos para comprarle yuanes hasta completar poco más del equivalente a US$ 1000 millones que le restaban para hacer el pago.
Aunque legal, ese modo de cancelar el “pagaré” es inusual y sólo pudo tener cabida dada las negociaciones diplomáticas con los países accionistas del FMI, comenzando por los EE.UU. en el hemisferio occidental y terminando en el lejano oriente, con cabecera en Beijing.
Por delante se proyecta un julio exigente en materia de vencimientos. Y no solamente con el FMI, sino también con los acreedores privados con los cuales había lidiado ya Martín Guzmán.
Esos vencimientos insumirán unos US$ 1.000 millones. Paradojas del destino, la fecha de pago estaba fijada para el 9 de julio: no sólo el Día de la Independencia en conmemoración del Congreso de 1816, sino que Sergio Massa hizo su mayor demostración de gestión y un gesto mayúsculo orientado a la campaña electoral con la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, piedra angular de lo que podrá ser la “Independencia de divisas” de la patria. En el mes se sumarán otros tres pagos al Fondo por un total de US$ 2.600 millones.
Para entonces, en el Gobierno confiaban que el directorio del Fondo en su reunión del 7 de julio apruebe un nuevo acuerdo y desembolse aproximadamente US$ 5.000 millones, equivalentes a lo que pagó el último día de junio y lo que debería pagar hasta agosto.
Cristina, Massa y Alberto inauguraron juntos el Gasoducto «Néstor Kirchner»
En términos políticos, en una economía sumida en la restricción de la falta de dólares, se liberará la agenda de pagos durante el proceso de las elecciones primarias, habrá un vencimiento el 21 de septiembre y otro, más cerca de las elecciones generales, el 9 de octubre: un compromiso por US$ 1.300 millones. Una comisión está viajando el 13 de julio para destrabar esos fondos.
Un Fondo que no quiere precipitar una crisis, sí monitoreará la llegada del próximo Gobierno que, con legitimidad y vocación política, encare un nuevo acuerdo, posible de ser cumplido, con la dosis de ajuste que permitiera su pago. El horizonte político que tiene a la vista, con candidatos pro mercado en competencia, funciona como un ansiolítico.