A pocos días de la toma de poder en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desconoció la reelección del mandatario Nicolás Maduro, a quien acusó de querer “perpetuarse ilegítimamente en el poder”.
El organismo presentó un extenso informe titulado “Venezuela: Graves violaciones a los Derechos humanos en el Contexto electoral”, en el que denunció que “las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional”.
“La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas en este documento impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, expresaron.
La CIDH acusó que el régimen chavista “implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas para perpetuarse ilegítimamente en el poder”, obstaculizando “el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente”.
Por un lado, manifestó que hubo inhabilitaciones y obstáculos para que los candidatos opositores puedan presentarse a las elecciones; impedimentos para que los venezolanos en el exterior puedan votar; se retiraron misiones internacionales de observación electoral; y hubo detención y amedrentamientos a opositores.
Nuevo informe de la CIDH sobre la violaciones a los DDHH en Venezuela: represión, fraude y terror
También señalaron que el CNE anunció la victoria de Nicolás Maduro con el 51,95% de los votos, sobre el 43,18% cosechado por Edmundo González Urrutia, aunque esto no estuvo respaldado por infografías y se restringió el acceso a los datos desglosados en el sitio oficial.
En ese sentido, la CIDH volvió a apuntar que el régimen “continúa sin publicar las actas de votación, ni permitir su escrutinio por mesa”. Y reconoció los documentos publicados de forma independiente por la oposición, afirmando que “la totalización de esas actas muestra que Edmundo González Urrutia ganó la elección”.
“La Comisión Interamericana destaca que el caso venezolano ilustra claramente la relación intrínseca entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Estos tres elementos conforman una tríada en la que cada uno se define, complementa y cobra sentido en función de los otros. El colapso de esta tríada, provocado por la cooptación de los poderes públicos por parte del Poder Ejecutivo, facilitó el establecimiento de un régimen de facto”, reclamaron.
El organismo pidió “poner fin inmediato a la persecución y a la represión política; liberar, de forma inmediata e incondicional, a todas las personas presas políticas; cesar las detenciones arbitrarias; publicar todas las actas y permitir su escrutinio independiente; y restablecer el orden constitucional”, además de “garantizar una legítima y pacífica sucesión constitucional”.
