Luego de que la Corte Suprema de los EEUU dejara sin efecto el fallo Roe vs Wade, que habilitaba de manera federal el derecho al aborto, se puso en marcha una fuerte campaña para impedir que los estados avancen en leyes que lo prohíban o limiten. El propio Gobierno nacional está encabezando las acciones, pero son muchas las organizaciones que se declararon en estado de movilización.
El Centro de Derechos Reproductivos es una de ellas, e incluso fue una de las partes litigantes en este caso, que culminó con la decisión del máximo tribunal de volver a la normativa vigente hasta 1973. Su directora regional para América Latina, Catalina Martínez Coral, dialogó con Newsweek Argentina para analizar los impactos del fallo y los caminos posibles para revertirlo.
¿Qué implica a priori este fallo de la Corte Suprema de los EEUU?
– Es un fallo definitivamente muy problemático y profundamente antiderechos, que desconoce un derecho constitucional que fue reconocido a nivel federal durante los últimos 50 años. Es terrible, casi distópico. Imagina que gozas durante 50 años de un derecho, y al día siguiente te levantas y ya no. En la práctica implica que este derecho ya no tiene reconocimiento federal, entonces, de ahora en adelante, cada estado de los EEUU tiene la potestad de legislar en esta materia como mejor le parezca, cosa que no sucedía anteriormente porque todas la leyes tenían que adecuarse al precedente constitucional federal. Que esto quede en potestad de los estados significa que al menos la mitad de los 50 estarían avanzando en leyes que restrinjan el aborto o establezcan menor límite de tiempo. Inclusive, sabemos que 13 de ellos implementarían leyes para prohibirlo totalmente.
Entre los fallos, el del juez Clarence Thomas se destaca por ser particularmente duro y abre la posibilidad de avanzar sobre otros derechos como, por ejemplo, el del matrimonio igualitario. ¿Es algo que podría suceder?
– Recordemos que la base constitucional de los EEUU no es moderna, sino estamos hablando de enmiendas ratificadas a partir de 1800. La enmienda 14, que es la que contempla el derecho a la libertad y a la vida privada es la que la Corte ha utilizado a lo largo de los años para ampliar el reconocimiento de derechos, conforme van evolucionando los estándares de derechos humanos. A través de la interpretación de la enmienda 14, se reconoció, por ejemplo, el derecho al matrimonio interracial y luego entre personas del mismo sexo, o el derecho a abortar de las mujeres o personas con capacidad de gestar. Hoy se abre la puerta para retroceder, bajo el muy débil argumento de que el derecho al aborto no estaba reconocido explícitamente en la enmienda 14. Hoy puede haber un retroceso en muchísimos otros derechos ya reconocidos, y esto es muy problemático respecto a las libertades individuales de las personas.
En América Latina, los debates en torno al aborto dejaron en claro que los sectores que se oponen tienen el respaldo de una importante porción del electorado. ¿Sucede algo similar en EEUU?
– Claro. Esto, sin lugar a dudas, moviliza una gran masa de votantes para las próximas elecciones. Lo que sucede es muy extraño: si uno se pone a ver las encuestas que existen sobre la favorabilidad frente al derecho al aborto en los EEUU, nunca habían resultado tan claramente a favor. Tratar de entenderlo, sobre todo cuando la sociedad se ha cultivado para entender por qué esto es un tema de derechos, lo único que nos deja en claro es que gobiernos como el anterior, con una postura abiertamente antiderechos, han tenido un impacto enorme. Ahora, lo que les corresponde a nuestros compañeros y compañeras en EEUU es movilizarse a votar en las próximas elecciones y construir un Congreso en el que se pueda aprobar una ley de protección federal frente al aborto, y evitar así este retroceso tan enorme.
¿Va a ser un tema en la agenda electoral pública de los candidatos?
– Sin lugar a dudas. Los y las candidatas lo van a usar para ganar votos, con argumentos a favor o en contra.
Desde una postura neutra, ¿no podría leerse esto como algo que enriquece el debate democrático?
– El debate democrático siempre es bienvenido, por supuesto. El tema es cuando queremos politizar derechos que ya han sido reconocidos. Ahí es donde está el problema.
«No podemos opinar sobre los derechos que ya existen; sí podemos discutir si está bien o mal regularlo de tal o cual forma. Politizar los derechos y llevarlos a discusión pública nos lleva a que pasen cosas como las que acaban de pasar».
Dado que varios países de América Latina han legalizado el aborto, ¿puede ocurrir que se conviertan en un destino para conseguir la interrupción de manera legal y segura?
– Sin lugar a dudas se va a generar un tráfico de personas, pero no estoy segura de si puntualmente a Latinoamérica, salvo a los estados mexicanos limítrofes. Por ejemplo, las personas de Texas podrían desplazarse a Coahuila, cuando en años anteriores sucedía al revés. Sí creo que va a haber un tráfico fuerte dentro de EEUU, de los estados que no tienen permitido el aborto hacia los que sí. Pero más allá de esto, aunque pueda suceder, lo cierto es que van a ser muy pocas las mujeres que lo van a poder concretar: la gran mayoría de las mujeres que solicitan el servicio de aborto se encuentran bajo la línea de pobreza, son mujeres racializadas, migrantes, jóvenes. Este desplazamiento implicaría un gasto que no todas las personas pueden afrontar. Lo que va a pasar es que esta medida va a empujar a buscar servicios en la clandestinidad, muchas veces poniendo en riesgo su vida.
En la última semana, la Corte Suprema ratificó el derecho a la portación de armas, pero al día siguiente el Senado avanzó en un proyecto para establecer controles. ¿Puede ocurrir que en el caso del aborto el Congreso genere una ley que permita recuperar ese derecho?
– Sí, pero no con la conformación actual. Recordemos que el Congreso actual votó en contra de una ley que buscaba la protección federal del derecho al aborto. Por eso digo que en las próximas elecciones resultará clave tener en cuenta esto y salir a votar por un Congreso demócrata, respetuoso de los derechos humanos. Entonces sí más adelante podría intentarse pasar un nuevo proyecto de protección federal.
¿Existe una instancia internacional a la que pueda recurrirse a modo de apelación?
– No hay actualmente una instancia para presentar un caso como este, porque EEUU no ha ratificado la competencia de las cortes regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, yo creo que la comunidad internacional sí va a jugar un papel fundamental en la presión que se pueda hacer, con los mensajes que se le puedan mandar al Estado desde afuera. El sur global está siendo pionero en materia de derechos reproductivos, con Argentina, Colombia, México, Kenia y Nepal. Y hay una narrativa muy interesante en este sentido: somos nosotras las que estamos manejando ahora el liderazgo frente a estos temas y estamos mandando un mensaje de esperanza.
