La organización Human Rights Watch (HRW) presentó un duro informe sobre la situación de los civiles palestinos en la Franja de Gaza y acusó a Israel de hacer una “limpieza étnica” en la región.
La entidad de derechos humanos publicó un estudio de 154 páginas llamado “‘Sin esperanza, hambrientos y asediados’: el desplazamiento forzado de palestinos en Gaza por parte de Israel”, en donde revela el impacto de las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona.
Según HRW más del 90% de la población de Gaza (1,9 millones de palestinos) se han vido forzados a desplazarse de su hogar, a la vez que las fuerzas israelíes realizaron “demoliciones controladas y deliberadas de viviendas e infraestructura civil, incluso en zonas donde parecen buscar crear ‘zonas de amortiguación’ y ‘corredores’ de seguridad, lo que probablemente conlleve el desplazamiento permanente de los palestinos de esas áreas”.
La entidad afirma que estos hechos, los cuales constató con entrevista a palestinos, órdenes de evacuación e imágenes satelitales, videos y fotografías, no cumplen con las leyes de la guerra, y acusa a Israel de cometer “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
“El gobierno israelí no puede alegar que protege a los palestinos mientras los ataca en sus rutas de escape, bombardea las llamadas zonas seguras y corta el suministro de alimentos, agua y servicios de saneamiento”, expresó Nadia Hardman, investigadora en derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch.
Si bien los funcionarios israelíes apuntan que las organizaciones terroristas actúan en medio de la población civil, la entidad negó que hayan permitido que los civiles hayan tenido tiempo para ser evacuados para atacar solo a los grupos como Hamás.
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“HRW ha descubierto que no hay ninguna razón militar imperativa plausible que justifique el desplazamiento masivo, repetido en ocasiones, de casi toda la población de Gaza, a menudo en múltiples ocasiones. El sistema de evacuación de Israel ha dañado gravemente a la población y a menudo sólo ha servido para propagar el miedo y la ansiedad. En lugar de garantizar la seguridad de los civiles desplazados, las fuerzas israelíes han atacado repetidamente las rutas de evacuación designadas y las zonas seguras”, aseguraron.
Al respecto, mencionaron que “como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar instalaciones adecuadas para alojar a los civiles desplazados, pero las autoridades han bloqueado el suministro, salvo una pequeña fracción, de la ayuda humanitaria necesaria, agua, electricidad y combustible a los civiles necesitados de Gaza”.
“Los ataques israelíes han dañado y destruido recursos que la población necesita para seguir viva, incluidos hospitales, escuelas, infraestructuras de agua y energía, panaderías y tierras agrícolas”, agregaron.
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También remarcaron que la administración de Benjamin Netanyahu “tiene la obligación de permitir el regreso de las personas desplazadas a sus hogares tan pronto como cesen las hostilidades en la zona”, pero que eso no será posible porque “ha dejado partes de Gaza inhabitables” por los destrozos.
“Durante casi ocho décadas, las autoridades israelíes han negado el derecho al retorno al 80% de la población de Gaza, que consiste en refugiados y sus descendientes, quienes fueron expulsados o huyeron en 1948 de lo que hoy es Israel, en lo que los palestinos denominan la “Nakba” o catástrofe. Esta violación continua pesa sobre la experiencia de los palestinos en Gaza, y muchas personas entrevistadas describen estar viviendo una segunda Nakba”, recriminaron.
Por todo esto, la ONG concluyó que “el desplazamiento forzado ha sido generalizado y que la evidencia sugiere que ha sido sistemático y parte de una política de Estado”, además que sus acciones “constituyen una limpieza étnica”.
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En esta línea, pidieron a los Gobierno de todo el mundo “condenar públicamente el desplazamiento forzado de la población civil de Gaza por parte de Israel como un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, y presionar al país para que ponga fin a estos crímenes y cumpla con las múltiples resoluciones vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, así como con las obligaciones establecidas en su opinión consultiva de julio”.
Solicitó también que la Corte Penal Internacional investigue los desplazamientos forzados y el no permitir el retorno de los palestinos a Gaza; y que los otros Estados apliquen “sanciones específicas y otras medidas, incluyendo la revisión de sus acuerdos bilaterales con Israel, para presionar al gobierno israelí a cumplir con sus obligaciones internacionales de protección a la población civil”.
Así, solicitaron a Estados Unidos, Alemania y otros países que suspendan “de inmediato las transferencias de armas y la asistencia militar a Israel”, ya que acusó que podrían ser considerados “cómplices de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos”.
