El gobierno alemán anunció este viernes que concluyó un acuerdo de indemnización por 2.400 millones de euros (2,850 millones dólares) con los grupos energéticos afectados por el abandono de la energía nuclear, decidido en 2011 por la canciller Angela Merkel tras la catástrofe de Fukushima.
“El gobierno pagará una compensación de 2.428 millones de euros” a los operadores EON, RWE, Vattenfall y EnBW de plantas de energía nuclear alemanas, que se cerrarán a fines de 2022, según un comunicado oficial.
Este acuerdo pretende resolver definitivamente la cuestión de la compensación de los productores de energía afectados por los cierres progresivos de todos los reactores del país. Según el gobierno alemán, las empresas se comprometieron a “retirar todos los procedimientos judiciales en curso y a abstenerse de emprender acciones o recursos contra el régimen de indemnización”.
Este acuerdo pretende resolver definitivamente la cuestión de la compensación de los productores de energía afectados por los cierres progresivos de todos los reactores del país
A raíz del accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima, Merkel sorprendió al anunciar el abandono de la energía nuclear para finales de 2022, tras lo que siguió una batalla judicial entre el gobierno y los operadores alemanes de las centrales nucleares, que se consideraban perjudicados por esta decisión.
Un tribunal constitucional finalmente decidió en 2016 contra el Estado, exigiendo a Berlín indemnizar a las empresas. Quedan seis centrales nucleares activas en Alemania, contra 17 antes del anuncio de Merkel. Ocho de ellas fueron desconectadas en 2011, tras el desastre de Fukushima.
Como parte de su política de transición ecológica del sector energético, Alemania también ha decidido abandonar el carbón de aquí a 2038. Para ello, el gobierno ha firmado un acuerdo similar de indemnización para los productores, que asciende a 4,350 millones de euros (5,200 millones de dólares). Pero la Comisión Europea anunció el martes la apertura de una investigación en profundidad sobre este mecanismo, para determinar si “la medida está en línea con las normas europeas sobre ayudas estatales”.
