Esta semana el escenario político y judicial de los EEUU se vio convulsionado por el sorpresivo allanamiento del FBI a la residencia de Donald Trump en la localidad de Mar-a-Lago, en la Florida. Más de 30 agentes ingresaron por la noche en el domicilio, aprovechando que el expresidente estaba de viaje, para buscar y recuperar una serie de documentos oficiales que habrían sido extraídos de la Casa Blanca.
Según una investigación exclusiva de Newsweek, un informante de identidad reservada le había dado a la oficina de seguridad el dato preciso de qué documentos se encontraban allí y hasta en qué habitación y qué caja fuerte podrían hallarse. Por eso, a pesar de las enormes dimensiones de la propiedad, la búsqueda se concentró sólo en tres cuartos. Y las crónicas periodísticas aseguran que los agentes se marcharon de allí con unas diez cajas de documentación.
¿Qué buscaban allí? Según las fuentes oficiales y extraoficiales, al concluir su mandato Trump y su equipo debían devolver toda la documentación oficial (desde la investigación del Watergate, es propiedad del Estado y no de los presidentes). Pero el material devuelto llevaba el sello de “material clasificado”, lo que hizo sospechar a los Archivos Federales que podría haber más documentación. Y allí se inició una investigación.
Pero eso no responde del todo la pregunta de qué decía esa documentación. Este jueves, The Washington Post publicó un informe que da una posible respuesta: se trataría de expedientes vinculados a armas nucleares.
Desde luego, el diario no revela las fuentes ni tampoco otorga demasiados detalles, pero sostiene que pronto se sabrá más sobre ellos porque, de hecho, es altamente probable que se hagan públicos, como resultado de la presión política y mediática.
De acuerdo a la investigación de Newsweek, la idea del FBI era realizar un operativo discreto con el único fin de recuperar el material antes de que fuera destruido, pero no se dimensionaron las consecuencias políticas que podría tener eso, y estalló un verdadero escándalo.
Trump calificó como “ilegal” la redada en su casa y rápidamente recibió el apoyo del pleno del Partido Republicano, incluso de sus contendientes de cara a 2024. Un Trump que se encontraba con una imagen dañada por las investigaciones sobre sus propiedades y sus responsabilidades en la toma del Capitolio de 2021, de repente vuelve a posicionarse como el principal candidato presidencial.
Desde esa posición, Trump y sus abogados iniciaron una fuerte presión para que esos documentos se dieran a conocer públicamente, de modo de dejar en evidencia al FBI (y al Gobierno de Joe Biden) por haber realizado una irrupción injustificada, en el marco de una presunta persecución política.
Un allanamiento a un expresidente es un hecho sin precedentes en la historia de los EEUU. De hecho, sólo dos de ellos debieron responder ante la Justicia como acusados: Ulysses Grant, que en 1872 fue acusado de atropellar a un hombre con un carro tirado a caballos; y el famoso caso de Bill Clinton, en 1994.
Desde el FBI y el Departamento de Justicia aseguran que no se hubiera tomado una decisión de esta naturaleza sin contar con datos certeros y un indicio muy fuerte de qué iban a encontrar en la casa de Trump. Y todo indicaba que el fiscal general de los EEUU, Merrick Garland, estaba al tanto de todo, e incluso de que había dado su visto bueno. Pero aunque trató manejar un bajo perfil durante toda la semana, la fuerte presión política lo obligó a salir al ruedo a dar respaldo al allanamiento.
Merrick Garland admitió que él autorizó el allanamiento y, ante la presión política, tuvo que aceptar que la documentación encontrada sea hecha pública (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)
“El departamento no se toma una decisión así a la ligera. Siempre que es posible, la práctica habitual es buscar medios menos intrusivos como alternativa a un registro, y limitar el alcance de cualquier registro que se lleve a cabo», aseguró en una rueda de , y admitió que él avaló la redada en la Florida.
Y anticipó que su oficina pidió a la Justicia hacer públicos los documentos, «a la luz de la confirmación pública del expresidente sobre el registro, las circunstancias circundantes y el interés público sustancial en este asunto».
Pero Garland fue más allá de los meros formalismos, y respondió a las declaraciones de Trump y los republicanos. “No me quedaré en silencio cuando su integridad sea atacada injustamente. Los hombres y mujeres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos dedicados y patriotas”, afirmó, y señaló que esto “va a fortalecer políticamente a Trump dentro del Partido Republicano».
Legisladores de ese partido y los medios afines habían sugerido que el FBI habría plantado las pruebas en la casa del expresidente, pero eso pareciera quedar descartado porque uno de los abogados de Trump presenció todo el allanamiento.
Ahora, un juez federal debe determinar si la documentación puede y debe hacerse pública. Si se confirma que es clasificada, eso demandará un proceso adicional.
