Amnistía Internacional criticó la decisión de Donald Trump de deportar a ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos hacia El Salvador, acusando que se encuentran en un situación de riesgo.
“Las expulsiones ilegales a El Salvador ponen vidas en peligro al haber un estado de excepción en vigor”, expresaron desde la entidad en un comunicado.
Recientemente, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a 238 venezolanos de Estados Unidos, quienes fueron detenidos en El Salvador acusados de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua.
Pese a que la Justicia emitió una orden que impedía su traslado, el gobierno estadounidense avanzó en la medida. “Representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución”, expresó Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Además, apuntó que “es un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente (Nayib) Bukele”, quien es cuestionado internacionalmente por el presunto incumplimiento de los derechos humanos de las personas detenidas en El Salvador.
Amnistía cuestionó que entre los expulsados hay personas que “estaban en pleno proceso judicial, que fueron arrestados a pesar de que cumplían sus obligaciones en materia de inmigración, que ya tenían protecciones concedidas en Estados Unidos en aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratados, o que fueron clasificados como miembros de bandas por sus tatuajes o su relación con el estado venezolano de Aragua, sin más pruebas”.
“Estas personas fueron expulsadas sin orden de traslado, al parecer para cumplir cárcel por tiempo indefinido en un sistema en el que se ignoran por sistema los derechos humanos fundamentales”, lamentaron.
Al respecto, remarcaron: “Al trasladar a estas personas a El Salvador en tales circunstancias, Estados Unidos las ha puesto en grave peligro y ha incumplido sus obligaciones jurídicas. Por otra parte, es preciso exigir responsabilidades a El Salvador por facilitar políticas que violan los derechos de las personas migrantes y las que buscan seguridad”.
Tras conocerse la deportación y detención de ciudadanos venezolanos en El Salvador, el régimen de Venezuela presentó un habeas corpus pidiendo su liberación para poder llevarlos nuevamente a su país.
Sin embargo, la entidad internacional pidió una “prohibición absoluta de todas las deportaciones de personas a Venezuela”, ya que advierten que “el país está viviendo una situación de violaciones masivas de derechos humanos”.
En esa línea, Amnistía solicitó a Trump “el retorno inmediato de los individuos trasladados ilegalmente a El Salvador, el fin de todas las expulsiones en aplicación de esta orden ejecutiva, el acatamiento de las decisiones de las autoridades judiciales estadounidenses, la suspensión inmediata de todos los programas de detención y deportación masiva y el restablecimiento del derecho al asilo en la frontera sur de Estados Unidos”.
