En medio de nueva audiencia de la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) del Senado en la que su nombre fue repetido una y otra vez, Bolsonaro se mostró molesto por las denuncias de corrupción en la compra de 20 millones de vacunas indias Covaxin contra el coronavirus a un precio once veces superior al estimado por el fabricante, y se limitó a afirmar que «es lógico que la Policía Federal va a abrir una investigación».
«¿El Gobierno perdió un centavo por la Covaxin? ¿Pagó y no consumió? Me quieren imputar un crimen de corrupción en el que no se gastó ni un centavo porque hace dos años y medios que estamos sin corrupción», respondió el mandatario a la lluvia de preguntas de la prensa, según el diario Folha de Sao Paulo.
Mientras Bolsonaro se defendía, Luis Ricardo Miranda, funcionario de carrera del Ministerio de Salud, y su hermano, el diputado federal por Brasilia, Luis Miranda, declaraban ante la CPI y lo complicaban.
El primero declaró que le informó antes de la compra a Bolsonaro, personalmente, los nombres de los tres funcionarios que presionaban para liberar la importación de estas vacunas indias.
Mencionó a Alex Lial Marinho, por entonces coordinador general de Adquisiciones de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud; Roberto Ferreira Lima, director del Departamento de Logística de esa misma cartera, y Marcelo Bento Pires, otro director de ese ministerio.
De esa reunión con el presidente de marzo pasado, también participó su hermano, diputado oficialista.
«Le informé al presidente Bolsonaro en marzo», repitió el legislador lo mismo que ya había dicho a la prensa sobre las irregularidades detectadas antes de la compra de vacunas.
Según el legislador, Bolsonaro admitió que el asunto era «grave», le miró «a los ojos» y afirmó que ordenaría una investigación de la Policía Federal, lo cual no ocurrió, y la negociación prosiguió, aunque hasta ahora ninguna de las dosis negociadas ha llegado al país, por lo que el Gobierno aún no ha hecho ningún desembolso.
Ese es el argumento principal de Bolsonaro, quien hoy ratificó su intención de iniciar una investigación policial.
El diputado que testificó hoy había denunciado haber recibido amenazas y, por eso, llegó al Senado protegido con un chaleco antibalas y se dijo «decepcionado» con Bolsonaro y con la anunciada intención del Gobierno de acusarlo de «calumnias» ante los tribunales.
«No entiendo tanta rabia con quien está ayudando a combatir la corrupción», declaró el dirigente que supo ser un aliado del mandatario.
Según el titular de la CPI, senador Omar Aziz, esta es la denuncia «más grave» sobre eventuales irregularidades cometidas por miembros del Gobierno durante la pandemia que trataron hasta ahora.
Covaxin es la vacuna más cara hasta ahora adquirida por el Gobierno de Brasil, a unos 80 reales por dosis (más de 16 dólares), cuyas negociaciones concluyeron en un tiempo récord, en comparación a las de Pfizer.
Sin embargo, informes de la Cancillería que figuran en un cable de la embajada brasileña en Nueva Delhi, con fecha de agosto, señalan que la fórmula tenía un precio estimado de 100 rupias (1,34 dólares) por dosis, informó el diario paulista Estadao.
Además, las vacunas fueron adquiridas sin que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el ente regulador de Brasil, hubiera constatado su eficacia, y hasta inicialmente rechazó su importación, aunque luego la autorizó.
Bolsonaro se ha caracterizado por ser uno de los gobernantes más negacionistas del coronavirus, y enfrenta renovadas críticas luego de que Brasil se convirtiera en uno de los cinco países del mundo con más de 500.000 muertes por el virus, el sábado pasado.
