Desde este jueves, se pone en marcha en Chile el nuevo sistema de control de drogas a los diputados, para garantizar que no tengan vínculos con el narcotráfico. Se trata de un análisis de pelo, considerado el principal delator del consumo (aunque para que las sustancias puedan ser detectadas en él deben pasar unos 10 días desde que se consumieron).
La medida, incluida en el reglamento interno de la cámara, dispone controles aleatorios, definidos por sorteo. Pero cada legislador deberá ser testeado al menos dos veces a lo largo de su período de cuatro años.
Este jueves se sortearon los primeros 78, y entre ellos se encuentra el presidente del cuerpo, Raúl Soto (Partido Por la Democracia). Deberán someterse a pruebas de laboratorio entre el 22 y el 30 de agosto, y los resultados estarán listos entre 10 y 15 días después. A los 77 que no fueron elegidos en esta oportunidad, les tocará el turno en septiembre.
Los resultados serán públicos y, en caso de que alguno de ellos dé positivo de algún tipo de narcótico, se deberá autorizar el levantamiento de sus secreto bancario para detectar transferencias superiores a los US$ 30.000. Si las tuvieran, deberán justificarlas. Y, si no pudieran hacerlo, su caso será derivado a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara y al Ministerio Público.
Desde luego, las pruebas no serán compulsivas: los diputados pueden negarse al test, pero recibirán una sanción de la Comisión de Ética y Transparencia.
De hecho, es altamente probable que algunos diputados y diputadas se nieguen al test argumentando motivos ideológicos. Los legisladores de izquierda, por ejemplo, se habían negado a la aprobación de este reglamento por considerar que violaba el derecho a la vida privada de las personas y el principio de autonomía corporal.
