Argentina, junto con otros 13 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestaron su rechazo a la investidura presidencial de Nicolás Maduro para asumir un nuevo mandato en Venezuela.
Los Estados miembro de la entidad emitieron una declaración conjunta, en la que desconocieron el acto de toma de posesión que el régimen chavista realizó el pasado 10 de enero, por “carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral”.
En el comunicado, se mostraron “preocupados por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela”, como también “las persistentes violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos” y “los recientes hechos ocurridos el 9 y 10 de enero de 2025”.
Los países firmantes son Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Resaltaron “los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, que afirman el compromiso de los Estados miembros de defender la democracia, los derechos humanos, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto al derecho internacional”.
Además, subrayaron que “los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal secreto como expresión de la soberanía del pueblo”.
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En ese sentido, los miembros de la OEA instaron a la comunidad internacional a “seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional en Venezuela”.
Estos países, que reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo venezolano, exigieron al régimen de Maduro “que restablezca el orden democrático” y permita “una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.
También reclamaron la liberación de las personas detenidas “arbitrariamente”, que se respeten “los derechos humanos y las libertades fundamentales” y el cese de los “hostigamiento y asedio contra las personas asiladas en instalaciones diplomáticas y consulares en territorio venezolano”.
