A principios de esta semana, la oficina de prensa del presidente Joe Biden anunció casualmente la próxima visita a la Casa Blanca del emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el 31 de enero. El comunicado de prensa señaló que el presidente espera » afirmar la sólida asociación entre los Estados Unidos y Qatar» y afirmó que la agenda de la visita incluía la discusión de «promover la seguridad y la prosperidad en el Golfo, garantizar la estabilidad de los suministros energéticos mundiales, apoyar al pueblo de Afganistán y fortalecer la cooperación comercial y de inversión» entre Qatar y los Estados Unidos
Notablemente ausente está el tema más importante de la agenda: confrontar al emir sobre el terrible historial de derechos humanos del régimen de Qatar.
Esto es completamente inaceptable. Las organizaciones de derechos humanos han documentado extensamente el largo historial de flagrantes abusos contra los derechos humanos en Qatar, y un presidente estadounidense no puede simplemente ignorarlos para servir a su propia agenda de política exterior (cualquiera que sea esa agenda). A pesar de prometer una serie de reformas a su sistema laboral de trabajadores migrantes en 2017 (que solo se realizaron bajo la presión de las organizaciones laborales internacionales), Qatar no ha cumplido con ninguno de estos compromisos. Su sistema kafala de abusar y explotar a los trabajadores migrantes, que en muchos casos equivale a la esclavitud moderna, se mantiene firmemente en su lugar. Los trabajadores migrantes siguen sufriendo terribles abusos laborales, desde la confiscación de pasaportes hasta salarios impagos y atrasados e incluso trabajos forzados. A pesar de sus promesas decorativas de reforma, el régimen no ha hecho nada para desmantelar el sistema.
Aunque las autoridades de Qatar afirman que los informes de muertes inexplicables de trabajadores migrantes son falsos, la evidencia real indica muertes inexplicables de miles de adultos jóvenes y sanos, muchos de ellos trabajadoras migrantes. A pesar de los llamados de las organizaciones internacionales de derechos humanos, el régimen se niega a revelar datos sobre la alarmante cantidad de muertes de trabajadores migrantes sin explicación. Una investigación mostró que entre 2010 y 2020 hubo más de 6.750 muertes en Qatar de personas de solo cinco países del sur de Asia, que el régimen no clasificó por ocupación o lugar de trabajo. sesenta y nueve por cientode estas muertes de trabajadores migrantes se atribuyeron en las estadísticas oficiales a «muertes naturales». Cuando las muertes se clasifican como no relacionadas con el trabajo o atribuidas a causas naturales, las leyes laborales de Qatar permiten que el régimen niegue a las familias cualquier compensación. A pesar de todas sus afirmaciones de un modelo de sistema de salud moderno, la falta de datos transparentes sobre una cantidad tan grande de muertes de trabajadores sin ninguna investigación significativa es escandalosa.
Las condiciones de trabajo son pésimas. Los trabajadores domésticos migrantes, principalmente mujeres, sufren las formas más graves de abuso sin acceso a ningún remedio. Muchos empleadores obligan a las mujeres a trabajar un promedio de 16 horas al día, les niegan el descanso, les impiden tomarse un tiempo libre y confiscan sus pasaportes para evitar que escapen. Esto se hace con total impunidad debido a la complicidad del gobierno de Qatar. El derecho de familia en Qatar discrimina a las mujeres, lo que les impide solicitar el divorcio y las discrimina económicamente. Las mujeres menores de 25 años necesitan obtener permisode sus tutores masculinos para simplemente dedicarse a sus actividades cotidianas o abandonar el país. Uno se pregunta cuál es la posición de los defensores de los derechos de la mujer en la administración Biden con respecto a esta discriminación legal.
Debido a las restricciones totalitarias a la libertad de expresión en Qatar, estos trabajadores y sus familias tienen pocos recursos y no pueden denunciar las condiciones abusivas. La libertad de expresión en Qatar es prácticamente inexistente para los ciudadanos, y mucho menos para los trabajadores residentes no ciudadanos que corren el riesgo de una deportación inmediata y arbitraria. El régimen «desaparece» regularmente a los activistas laborales o los encarcela bajo cargos falsos. La ley de Qatar prohíbe a los trabajadores migrantes realizar protestas, huelgas o afiliarse a sindicatos.
Cuando el presidente Biden reciba al emir en la Casa Blanca, debería exigir que el régimen tome medidas concretas para cambiar las leyes represivas que restringen la libertad de prensa, los derechos de las mujeres y poner fin de inmediato a los abusos laborales de los inmigrantes. Esta debería ser una condición previa para cualquier discusión sobre ayuda económica o militar para promover los objetivos de la administración en la región (que son cuestionables). Es justo concluir que después de años de advertencias vacías, el régimen de Qatar ha llegado a la conclusión de que el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos no conlleva sanción alguna.
Si la administración no tiene el coraje de confrontar al gobernante de Qatar sobre estas cuestiones apremiantes la próxima semana, el Congreso debería tomar medidas eliminando toda la ayuda económica y militar a Qatar hasta que se realicen las reformas. La reputación de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos está en juego. Si Qatar no puede abordar adecuadamente estos problemas, EE. UU. debería imponer un boicot diplomático a la próxima sede de la Copa del Mundo en Qatar.
Escrito por Jack Bergman, quien representa el 1.er distrito del Congreso de Michigan, EE.UU.
