Autoridades bolivianas detuvieron a la expresidenta de facto Jeanine Áñez, y varios de sus colaboradores, acusada de sedición, terrorismo y golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019, por el que un juez envió ayer a la cárcel al exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
«Denuncia pública. De manera ilegal y abusiva han detenido a Rodrigo Guzmán, exministro de Energías, por el caso armado de ‘golpe de Estado’; además hay orden de aprehensión en contra de Jeanine Áñez, el exministro de la Presidencia Yerko Núñez y en contra mía», denunció el exministro de Justicia Álvaro Coimbra en su cuenta de Twitter.
Hoy la ex mandataria fue detenida en su casa por la policía mientras Coimbra fue detenido ayer y estaba siendo trasladado a La Paz.
«El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena, porque Bolivia no necesita dictadores sino libertad y soluciones», criticó ayer la exgobernante de facto en su cuenta de Twitter.
En un segundo y último tuit, sostuvo que la persecución representa «la práctica socialista» y agregó que «mienten sin ruborizarse, reescriben historias para justificar abusos», a la vez que reiteró su postura de que «no fue un golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral».
«Renunciaron quienes no se atrevieron a recibir un país convulsionado, ya que el principal responsable HUYÓ!», exclamó en alusión a Morales.
La acción contra Áñez fue revelada en medio de la tensión provocada por previas órdenes de detención contra exjefes militares y policiales que habrían participado en el derrocamiento de Morales (2006-2019) en noviembre de 2019, en un proceso activado por una denuncia de la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
La legisladora acusó a Luis Fernando Camacho, actual gobernador electo de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado, ganadas por Luis Arce, de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las graves revueltas y la salida de Morales.
Camacho, también a través de twitter, instó a Arce a dejar «de hacer la vista gorda» y a cesar «el amedrentamiento y la persecución».
Áñez, quien no logró su objetivo de ser electa gobernadora del departamento amazónico de Beni en los comicios del 7 de marzo (salió tercera), estaba en la capital de esa región, Trinidad, cuando fue divulgada la orden de detención, según medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
Los cinco exministros incluidos en la lista eran, además de Coimbra y Guzmán, los de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, ambos refugiados en Estados Unidos, y de la Presidencia, Yerko Núñez.
Al mediodía, efectivos policiales detuvieron a Guzmán por su presunta vinculación con el caso de “terrorismo y sedición” cuando se produjeron las protestas opositoras contra el golpe de Estado que dejaron 36 muertos y más de 800 heridos.
Guzmán fue detenido en inmediaciones de su domicilio, pese a que sostuvo que nunca fue notificado para que comparezca ante la justicia.
«La Apdhb convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas», señaló la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.
Hacia la noche, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en el que concluye que el Gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”.
